Cuitláhuac admite omisiones
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio
¡Cuidado! Hay una evidente intención por parte del gobierno estatal, de trasladar el foco del conflicto en Totalco, a la empresa criadora de ganado porcino “Granjas Carroll”. *** La semana pasada, los pobladores de Totalco bloquearon la carretera federal Perote-Puebla para exigir el cierre de dicha empresa, pues argumentan que ha “sobre-explotado” los mantos acuíferos de la zona. Aseguran, además, que es persistente la contaminación. *** En sus comunicados, la empresa ha informado que su planta de alimentos se encuentra certificada bajo las normas internacionales ISO 22000:2018, que es el Sistema de la Gestión de la Inocuidad; el ISO 14001:2015, Sistema de Gestión Ambiental; ISO 50001:2011, Sistema de Gestión Energética y Buenas Prácticas de Manufactura, otorgado por Sader-Senasica, además de contar con un laboratorio de control interno de calidad bajo la norma ISO17025 y un sistema de gestión de la seguridad propio de la empresa denominado Alerta. *** “La planta de alimentos, además, como todas las instalaciones de Granjas Carroll, cuenta con la certificación de Empresa Socialmente Responsable (ESR), y se encuentra afiliada al Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados de Nutrición Animal”, informa la empresa. *** Sobre esta protesta, la empresa respondió que “durante los más de 30 años de operación en Veracruz y Puebla ha cumplido con cada una de las leyes y normas que regulan su actividad, bajo estándares de calidad que respaldan certificaciones nacionales e internacionales”. *** Asegura que opera bajo constantes revisiones federales y estatales, en las que invariablemente ha salido bien evaluada, pero ofrece: “en el mejor ánimo de colaborar, hemos atendido los requerimientos tanto de la Fiscalía General de la República (FGR), como de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA)” y que está en contacto con las autoridades del estado de Veracruz a fin de que, “una vez más, ingresen a las instalaciones para constatar la manera en la que operan en cada una de las áreas de la cadena de producción”. *** El debate, en realidad, tiene que ver con el abuso de la fuerza por parte de la policía estatal que, incluso, pasó por alto la presencia de elementos de la Guardia Nacional, quienes ya habían iniciado el diálogo con los manifestantes. No olvidemos que la vía de comunicación que bloqueaban era una carretera federal, por lo que la policía estatal no tenía injerencia.
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“A confesión de parte, relevo de pruebas”, axioma jurídico que significa que quien confiesa algo libera a la contraparte de tener que probarlo.
Finalmente, este martes el gobernador Cuitláhuac García aceptó hablar sobre los actos represivos de la policía estatal contra pobladores de la comunidad de Totalco, municipio de Perote, cometidos el jueves de la semana pasada.
Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) diera a conocer que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que atrajera la investigación de esos hechos que cobraron la vida de dos de los pobladores que se manifestaban, el gobernador anunció, a través de sus redes sociales, que había decidido emitir un decreto para ordenar la desaparición de la corporación policiaca conocida como “Fuerza Civil”.
La pregunta natural ante esa decisión fue: ¿por qué hasta ahora? Y el mismo gobernador admite que fue omiso.
Cuitláhuac García admitió que “a lo largo de su sexenio” la Fuerza Civil cometió diversos abusos como violaciones, torturas y privaciones de la libertad, casos que fueron documentados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Según él, la acumulación de todos esos actos abusivos “le dio la razón” para decir “hasta aquí, no más”.
El gobernador reveló que el área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) había impuesto 50 sanciones en contra de los elementos de la Fuerza Civil.
Ya lo hemos dicho antes: Cuitláhuac García no es abogado y los especialistas en derecho que lo asesoran no lo hacen bien.
Al admitir que desde que inició su sexenio la Fuerza Civil incurrió en actos criminales (violaciones, torturas y privaciones de la libertad son delitos graves, que alcanzan mayor severidad al ser cometidos por servidores públicos) y que él decidió no tomar medidas para frenarlos, el gobernador asume su responsabilidad en la muerte de los dos ciudadanos ejecutados por personal de esa corporación policiaca, en el entendido de que, si él hubiera tomado medidas contra esas prácticas, esas dos personas seguirían con vida.
En diciembre del 2023, en la presentación de su informe anual, la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, dio a conocer que la SSP había rechazado (es decir, que no las había aceptado) siete recomendaciones por casos de detenciones arbitrarias, tortura física y psicológica y excesos en el uso de la fuerza pública.
Está claro, pues, que Cuitláhuac García estaba enterado de los abusos que cometía la policía estatal y sin embargo no sólo era omiso en la corrección de esos vicios, sino que -además- permitía que la propia Secretaría rechazara las recomendaciones surgidas de esos abusos.
A menos que consiga la protección política de Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle, Cuitláhuac García ha acumulado, durante su gestión como gobernador, suficientes elementos para terminar en prisión, quizá haciéndole compañía uno de sus patrocinadores, Javier Duarte.
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Epílogo
De doña Rosa Borunda de Herrera se pueden contar muchas anécdotas, la mayoría destacando su altruismo, pero en otras se hacía notar su fuerte influencia en las decisiones que, como gobernador, tomó su esposo, Fidel Herrera Beltrán. *** Queda en el recuerdo, sin embargo, aquella entrevista de la “primera dama” en la que les envió un mensaje a los colaboradores de su esposo: “que no se les olvide que la primera persona y la última con la que habla el gobernador todos los días, soy yo”. Descanse en paz.
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