• Con 69 votos a favor y 42 en contra, el Pleno aprobó en lo general el proyecto de Ricardo Monreal
Redacción Informante
El Pleno del Senado de la República avaló en lo general la reforma a la Ley de Amparo para limitar las facultades de jueces y magistrados, de modo que no se podrán suspender leyes ni obras del gobierno aún cuando los posibles afectados presenten un juicio de garantías, como sucedió con la Ley de Hidrocarburos, así como de algunos tramos del Tren Maya.
El líder de Morena y autor de la iniciativa de reforma, Ricardo Monreal Ávila, enfatizó que este cambio es para obligar al Poder Judicial a obedecer lo dispuesto por el Poder Legislativo: “Te sujetas a la ley que estoy creando”.
El senador zacatecano recordó el caso del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien suspendió los efectos generales de la Ley de Hidrocarburos. Consideró que el Legislativo debe ser respetado y esta iniciativa tiene este propósito.
De acuerdo con Monreal, esta reforma acotará las facultades del Poder Judicial para suspender leyes y normas creadas por los legisladores o las obras del gobierno, si están son de interés general.
Respecto a la reforma presentada por Ricardo Monreal, los legisladores de oposición Damián Zepeda Vidales, Germán Martínez, Miguel Ángel Mancera, entre otros, criticaron las inconsistencias de la reforma y tacharon de inconstitucional por negar un derecho colectivo a los ciudadanos.
Damián Zepeda recordó que esta reforma prohibirá a la ciudadanía detener obras como el Tren Maya que afectan el medio ambiente u otras obras que podrían provocar contaminación de agua.
¿Qué dice la reforma de la Ley de Amparo?
La iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal, buscaba reformar los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de losArtículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De acuerdo con el senador, el proyecto tienen el objetivo de limitar la posibilidad de que los órganos del Poder Judicial tengan la posibilidad de otorgar suspensión provisional y definitiva con efecto generales contra las leyes expedidas por el Congreso de la Unión.
Sin embargo, en la iniciativa enviada que fue analizada por los legisladores también estipula que tiene el objetivo de “suprimir la facultad del órgano jurisdiccional de amparo en aquellos casos que excepcionalmente concedía la suspensión si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pudiera causarse mayor afectación al interés social”.
Sobre el proyecto de ley, especialista y organizaciones se posicionaron en contra derivado a que no se podrá suspender el desarrollo de obras, como el Tren Maya, o legislaciones controvertidas.
“Se trata de una iniciativa que limita el derecho a la protección judicial y con ello expone a la ciudadanía a violaciones de derechos humanos”, expresó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Wacht.
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