Llegó vestido con el uniforme naranja de la penitenciaría de Texas. El exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, encadenado de pies y manos como cualquier convicto, con la mirada baja, serio, nervioso y sin hablar, aunque afeitado, se sentó en el estrado de los acusados. Iba acompañado de su abogada, Rose Romero.
El juez David Horan hizo acto de presencia e informó que el Distrito Este de Nueva York solicitó el traslado del inculpado para ser juzgado en esa jurisdicción.
García Luna enfrenta tres cargos de narcotráfico y uno de falsedad de declaraciones. A diferencia de la primera comparecencia —el pasado 10 de diciembre— para que el acusado comprendiera por qué estaba detenido y de qué estaba siendo acusado, esta vez se le informó que será trasladado a Brooklyn, Nueva York, para ser juzgado.
“¿Tiene alguna objeción?”, cuestionó Horan. “No”, respondió en español el mexicano. “Muchas gracias”, acotó.
Debido a que se trata de un acusado de alto perfil, las autoridades se negaron a decir en cuál cárcel ha estado detenido y tampoco informarán qué día ni cómo se trasladará a García Luna. Aunque algunos medios indicaron que sería en un lapso de 24 a 48 horas; otros señalan que se haría efectivo hasta enero.
El exfuncionario renunció a su derecho a audiencia, por lo que no hubo declaración de culpable o no culpable y Horan decidió que se mantenga detenido sin derecho a fianza hasta que sea trasladado.
La fiscalía había argumentado que, “debido a la considerable condena que el acusado enfrenta, tiene un fuerte incentivo para huir” a México, por lo que no veía conveniente que se le liberara bajo fianza.
La esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, estuvo presente en la audiencia, que comenzó a las 13:00 horas y duró menos de 10 minutos. La acompañaban sus dos hijos, Genaro y Luna, quienes casi inmóviles en la última fila de la sala, simplemente escuchaban y miraban. La comparecencia fue pública y estuvo llena de periodistas.
La familia salió de la audiencia poco antes del final para tratar de evitar a la prensa, y aunque varios reporteros los abordaron en el elevador, los hijos se negaron a declarar. La señora Pereyra agradeció a los medios por su presencia.
García Luna fue escoltado por guardias de la corte y policías a la celda temporal que lo mantendrá detenido hasta que sea llevado a Nueva York.
La abogada Romero abordó el elevador acompañada de representantes de la prensa, pero no quiso dar declaración alguna. Con un semblante muy serio y sin cruzar palabra, abandonó el edificio federal.
Trascendió que ya hay un bufete seleccionado para defender a García Luna, de 51 años y detenido el pasado 9 de diciembre, en Nueva York. Uno de los nombres que suena fuerte es el bufete Quinn Emanuel, que no suele llevar este tipo de casos pero que tiene entre sus socios al embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau.
Desde su primera comparecencia, García Luna renunció a su derecho a tener una representación consular durante sus audiencias en Texas y, al parecer, también lo hará en Nueva York. A pesar de ello, personal de confianza del Consulado General de México en Dallas estuvo presente.
El juez Cogan fue reasignado al caso de García Luna, en sustitución del magistrado Raymon J. Dearie, quien fue informado que se encargaría de otros asuntos.
La fiscalía informó que las audiencias serán en la misma corte donde fue el proceso legal de Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue condenado a cadena perpetua.
García Luna está acusado de tres cargos por conspiración para tráfico de drogas y por falsa declaración a las autoridades estadounidenses, al haber ocultado su pasado criminal cuando solicitó su naturalización en Estados Unidos.
Desde que acabó su periodo como secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), se mudó a Florida, aunque la detención ocurrió en Texas.
De acuerdo con la acusación que presentó el fiscal Richard Donohue, a cambio de sobornos millonarios, García Luna dio paso seguro a los cargamentos de droga del Cártel de Sinaloa, así como información sensible de inteligencia e incluso de cárteles rivales. Los delitos perpetrados por el funcionario ocurrieron en el periodo 2001-2012.
Entre 2001 y 2005, García Luna encabezó la Agencia Federal de Investigaciones durante el gobierno de Vicente Fox.
