Ada Reyes
Xalapa, Ver.- La mayoría de Morena en el Congreso de Veracruz avaló un dictamen para la venta de 94 vehículos propiedad del Gobierno del Estado mediante una modalidad de subasta restringida, decisión que generó cuestionamientos de legisladores de oposición por los bajos montos de avalúo y por limitar la participación únicamente a personas invitadas.
La controversia surgió durante la discusión del dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, que autoriza la desincorporación y venta de las unidades bajo el argumento de que se encuentran en condiciones de desecho ferroso y que su mantenimiento resulta incosteable.
Sin embargo, diputadas de oposición señalaron que varios de los vehículos incluidos en la lista no corresponden necesariamente a unidades inservibles. Entre ellos destacan 32 ambulancias Chrysler H-100, modelos 2011 y 2013, con valores de avalúo que rondan los 7 mil 807 pesos por unidad.
También aparecen una Nissan Urvan modelo 2018 valuada en poco más de 9 mil pesos, así como camionetas Ford F-150 y F-250 con precios que oscilan entre 11 mil y 14 mil pesos, cifras que legisladores calificaron como inconsistentes frente al valor comercial de este tipo de vehículos.
Las diputadas Monserrat Ortega Ruiz y Ana Rosa Valdés Salazar cuestionaron además la integración del expediente técnico que respalda la venta. Durante la sesión señalaron que el nombre del perito responsable de la valoración de las unidades no aparecía inicialmente en el dictamen y exigieron acreditar su participación y capacidad profesional para realizar el avalúo.
De acuerdo con el documento aprobado, el Gobierno del Estado prevé obtener apenas 869 mil 263 pesos por la venta total de los 94 vehículos. La recaudación será destinada a la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para atender gastos contingentes.
Otro de los puntos que generó críticas fue la modalidad de subasta restringida, ya que la convocatoria no estará abierta al público en general. La oposición advirtió que este mecanismo reduce la competencia y limita la transparencia del proceso, al quedar la adquisición de las unidades reservada a participantes previamente invitados.
Pese a las objeciones y a la solicitud de posponer la votación para aclarar las dudas sobre los avalúos y el procedimiento de venta, la mayoría legislativa aprobó el dictamen y dio luz verde al remate de las unidades.
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