Redacción Informante
Xalapa, Ver.- La sesión del Congreso de Veracruz estuvo marcada por un nuevo desencuentro entre legisladores, luego de que la diputada del PAN, Monserrat Ortega Ruiz, acusó públicamente a la morenista Dorheny García Cayetano de presentar como propia una iniciativa que, aseguró, ya había sido propuesta con anterioridad por ella.
Desde la tribuna, Ortega Ruiz reprochó lo que calificó como una práctica recurrente dentro del Poder Legislativo: frenar propuestas de la oposición para posteriormente retomarlas y presentarlas bajo la autoría de legisladores de la mayoría.
«No es la primera vez que ocurre. Presentamos iniciativas, las mandan a la congeladora y después aparecen nuevamente con otro nombre y otra firma», expresó la legisladora, quien además cuestionó que no se reconozcan los antecedentes legislativos ni el trabajo previamente realizado.
Durante su intervención, pidió a las comisiones legislativas evitar este tipo de prácticas y sostuvo que la omisión de citar iniciativas previas representa una falta de respeto al trabajo parlamentario.
«Lo peor es que no se reconoce ni se da crédito a las aportaciones que previamente se hacen», reclamó.
La polémica surgió en el marco de la discusión de un dictamen mediante el cual el Congreso local reformó la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Ley Orgánica del Municipio Libre y el Código Electoral del Estado, con el objetivo de armonizar la legislación veracruzana con recientes reformas constitucionales en materia de austeridad, paridad de género, igualdad sustantiva y racionalidad del gasto público.
A pesar de los señalamientos por presunto plagio legislativo, el dictamen fue aprobado por mayoría.
Entre los cambios avalados destaca la obligación de garantizar la paridad de género en la integración del Congreso del Estado, así como el establecimiento de un límite presupuestal para el Poder Legislativo, que no podrá exceder el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos estatal.
La reforma también modifica la integración de los ayuntamientos conforme al número de habitantes de cada municipio y establece nuevas restricciones salariales y de prestaciones para consejeros y magistrados electorales, quienes ya no podrán acceder con recursos públicos a seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida, pensiones privadas ni esquemas especiales de ahorro.
Aunque el contenido de la reforma obtuvo respaldo legislativo, el debate dejó al descubierto las tensiones entre oposición y mayoría, así como las acusaciones sobre el manejo y la autoría de las iniciativas que llegan al Pleno.
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