La Presidenta logra lo «imposible»: que los empresarios gasolineros prefieran ajustar sus márgenes de ganancia antes que ajustar cuentas con la mirada de la Profeco.
Redacción Informante
En el teatro de la economía mexicana, la función de gala de esta semana se tituló «El Diésel a 27». El escenario: los pasillos de Palacio Nacional. Los protagonistas: un sector gasolinero que entró con calculadora en mano y salió con una sonrisa algo tensa, y un Gobierno Federal que insiste en que no obliga a nadie, solo «sugiere» con un entusiasmo difícil de ignorar.
El anuncio cayó como un balde de agua fría —o de combustible a temperatura ambiente— sobre las pizarras de las estaciones de servicio: el diésel no podrá rebasar los 27 pesos por litro a partir de mayo de 2026. La narrativa oficial habla de un «esfuerzo conjunto» y de una «visión social». Sin embargo, entre las mangueras y las oficinas de las cámaras empresariales, el aroma que predomina no es precisamente el de los hidrocarburos, sino el de la persuasión moral aplicada con fuerza de prensa hidráulica.
La voluntad del «quiera o no quiera»
Para el lector desprevenido, un acuerdo voluntario suena a dos amigos poniéndose de acuerdo sobre quién paga la cena. Pero en el mundo real de la distribución de energéticos, la palabra «voluntario» tiene asteriscos del tamaño de una refinería. Los empresarios del sector saben que la libertad de precios es un concepto muy bonito en los libros de texto, pero que en la práctica se topa con el temido «Quién es quién en los precios».
No hay peor publicidad para un gasolinero que aparecer en la pantalla nacional, señalado con dedo flamígero como el «villano de la semana» por vender unos centavos arriba del promedio. Esa es la primera capa de la presión: la reputación. El gobierno ha perfeccionado el arte de la exposición pública como mecanismo de control de precios; es un «bullying» institucionalizado que dobla voluntades sin necesidad de disparar un solo artículo de ley.
Pero la presión no es solo de imagen. Detrás del tope de 27 pesos se esconde el complejo engranaje del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios). El gobierno le dice a los gasolineros: «Yo te doy el estímulo fiscal para que no pierdas, pero tú me garantizas que ese ahorro llegue al consumidor y no a tu bolsillo». Es una oferta que, al estilo de las viejas películas de mafiosos, no se puede rechazar. Si el empresario decide no jugar bajo estas reglas, se arriesga a que el grifo de los beneficios fiscales se cierre, dejándolo solo y vulnerable frente a una competencia que sí decidió ser «solidaria».
El espejismo de la estabilidad
Fijar el precio en 27 pesos es un movimiento maestro de relaciones públicas. Por un lado, calma las aguas en el sector transporte, cuyos líderes ya amenazaban con ajustar tarifas de flete que dispararían la inflación hasta en la canasta básica. Por otro, le da a la administración una medalla de «protectora del bolsillo popular».
Sin embargo, el juego con el lector empieza aquí: ¿qué pasa si el petróleo sube a nivel internacional? ¿Qué pasa si la logística de Pemex se encarece? El acuerdo parece ignorar que el diésel no nace en una oficina de Ciudad de México, sino que depende de mercados globales. Al fijar un techo artificial, el gobierno está convirtiendo a las gasolineras en una suerte de amortiguadores políticos. Si el costo real sube, el gasolinero tendrá que absorber la diferencia o esperar a que el «estímulo» de Hacienda sea suficiente para no quebrar.
Es un equilibrio de cuerdas flojas. Los empresarios aceptan porque prefieren un margen controlado a una auditoría «sorpresa» de la Profeco o, peor aún, a que se revisen sus concesiones bajo la lupa de la nueva soberanía energética. Es la paz de los sepulcros: todos están de acuerdo porque nadie quiere ser el primero en levantar la mano para protestar.
El arte de la obediencia debida
Para el ciudadano que carga combustible, la noticia es una victoria. Ver el número 27 en la pantalla de la bomba se siente como un respiro. Pero para el analista ácido, es otra confirmación de que la economía de libre mercado en México ha pasado a ser una economía de «sugerencias vinculantes».
El sector gasolinero, representado por asociaciones que intentan sonar diplomáticas, ha declarado que este tope es un «desafío aceptado». Traducción para el lector: «Nos dijeron que esto es lo que hay, y más nos vale que funcione». No es una imposición legal, porque eso sería impopular y legalmente combatible mediante amparos; es algo mucho más efectivo: presión política pura y dura, disfrazada de consenso democrático.
Al final del día, el tope de los 27 pesos es un recordatorio de quién manda en la pista. El gobierno pone la música y los gasolineros bailan, algunos con ritmo y otros tropezando, pero todos en la misma dirección. La próxima vez que vea el precio del diésel estático en su estación más cercana, no piense solo en la economía; piense en el arte de la persuasión, ese que logra que cientos de empresarios «decidan», por su propia cuenta y riesgo, que ganar menos es exactamente lo que siempre habían querido hacer.
¿Es esto un control de precios? Oficialmente, no. ¿Se siente como uno? Pregúntele a cualquier dueño de estación que hoy está recalibrando sus estados financieros mientras reza para que el precio internacional del crudo no le eche a perder el «acuerdo voluntario».
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