El bloque oficialista en el Senado acusa a la gobernadora de violar la soberanía nacional tras el fallecimiento de agentes extranjeros en territorio estatal; la oposición califica la medida como una «persecución política».
Redacción Informante
CIUDAD DE MÉXICO – La crisis política entre el Gobierno Federal y el estado de Chihuahua ha alcanzado un nuevo punto de ruptura. La bancada de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) han formalizado una ofensiva parlamentaria que busca someter a la gobernadora María Eugenia “Maru” Campos Galván a un juicio político. La acusación central: haber permitido y ocultado la operación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en suelo chihuahuense, lo que el oficialismo califica como una transgresión directa a la seguridad nacional y a la Constitución General de la República.
El conflicto, que ha escalado de la retórica a los mecanismos legales, tuvo su origen en un reciente accidente en la zona serrana de Chihuahua, donde perdieron la vida dos individuos identificados preliminarmente como activos de inteligencia extranjera. Según las investigaciones que Morena ha esgrimido en la Cámara Alta, estos agentes participaban en operativos tácticos de los que el Gobierno Federal no tenía registro ni autorización oficial, una omisión que contraviene la Ley de Seguridad Nacional.
El frente legislativo: del citatorio al juicio
La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República ya ha emitido un citatorio formal para que la gobernadora y su fiscal general, César Jáuregui Moreno, comparezcan ante el pleno el próximo 28 de abril. No obstante, el ala más radical de la coalición «Sigamos Haciendo Historia» sostiene que una comparecencia es insuficiente.
Senadores del PT han sido los más vocales al exigir la destitución e inhabilitación de la mandataria estatal, argumentando que permitir la injerencia de agencias extranjeras en tareas de seguridad pública sin la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) o la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) constituye un acto de «traición a la patria». Para los legisladores, la gobernadora Campos habría vulnerado el Pacto Federal al actuar como una entidad autónoma en materia de relaciones exteriores y seguridad nacional, facultades que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Ejecutivo Federal.
Por su parte, el liderazgo de Morena en la Cámara de Diputados, encabezado por Ricardo Monreal, ha mantenido una postura más cautelosa, aunque no menos firme. Si bien Monreal ha hecho llamados a la «prudencia y a la unidad nacional» para evitar una crisis de gobernabilidad, no ha descartado que las comisiones encargadas de los juicios políticos inicien el análisis de las pruebas presentadas sobre la supuesta colaboración clandestina entre el gobierno de Chihuahua y las agencias de seguridad estadounidenses.
Defensa y parálisis en Chihuahua
En el ámbito local, la situación se percibe de forma diametralmente opuesta. El Congreso del Estado de Chihuahua, con una mayoría consolidada por la alianza PAN-PRI, ha operado como un escudo legislativo para la gobernadora. En sesiones recientes, el bloque opositor bloqueó cualquier intento de las minorías de Morena para que se abriera una investigación estatal sobre el caso, declarando el asunto como «concluido» y archivado por falta de elementos.
El Partido Acción Nacional (PAN) ha calificado la embestida de Morena como un «distractor electoral» y una «cortina de humo» para desviar la atención de los problemas de seguridad que aquejan al resto del país. Según la defensa de la administración estatal, el ingreso y control de ciudadanos extranjeros es una responsabilidad inherente a las autoridades federales y migratorias, por lo cual, aseguran, si agentes de la CIA operaban en el estado, la omisión y responsabilidad recaería en el Instituto Nacional de Migración y en el propio Gobierno Federal, no en el Palacio de Gobierno de Chihuahua.
Un choque de soberanías
El nudo jurídico de este proceso reside en la interpretación de los artículos 108 y 110 de la Constitución Mexicana. Morena argumenta que la responsabilidad de un gobernador sobre su territorio no termina en la gestión administrativa, sino que incluye el respeto irrestricto a la jerarquía federal en temas de inteligencia.
Analistas constitucionales sugieren que este caso podría sentar un precedente histórico sobre el alcance de las facultades estatales para colaborar con organismos internacionales. El riesgo para Maru Campos no es menor: de proceder el juicio político en la Cámara de Diputados y ser ratificado por el Senado, Chihuahua podría enfrentar un proceso de desaparición de poderes o el relevo de su titular antes de concluir el mandato.
Con la fecha de la comparecencia fijada para finales de abril, la tensión política se encuentra en su máximo nivel. Mientras la gobernadora asegura que no permitirá que «se politice la justicia», la maquinaria de Morena parece decidida a convertir este incidente en un juicio ejemplar sobre la soberanía nacional en tiempos de cooperación transfronteriza. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si las pruebas presentadas tienen el peso jurídico necesario para derrocar a una de las figuras más fuertes de la oposición en el norte del país.
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