En un operativo coordinado entre fuerzas federales, se logró la captura de 14 integrantes de una organización vinculada al CJNG que operaba mediante empresas fachada en Hidalgo y el Estado de México.
Redacción Informante
CIUDAD DE MÉXICO – El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció el desmantelamiento de una de las estructuras más robustas dedicadas al robo, almacenamiento y comercialización ilícita de hidrocarburos detectadas en los últimos años. Según el informe presentado por el secretario Omar García Harfuch, la organización criminal operaba un complejo sistema logístico que le permitía extraer más de un millón y medio de litros de combustible cada semana, afectando severamente el patrimonio nacional.
El operativo, que culminó la madrugada de este martes, fue el resultado de siete meses de trabajos de inteligencia y seguimiento técnico. La intervención simultánea en diversas propiedades permitió la captura de 14 personas, entre las que destaca Mauricio “N”, alias “El Burras”, señalado como el principal operador logístico y enlace estratégico con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para la protección y expansión de esta actividad en el centro de la República.
Una logística de escala industrial
La investigación reveló que la red no operaba bajo esquemas rudimentarios de extracción, sino que había escalado a un nivel corporativo-criminal. Para evadir la vigilancia de las autoridades y de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la organización utilizaba empresas de transporte y almacenamiento legalmente constituidas como «fachada». Bajo la apariencia de servicios de logística convencionales, movilizaban el combustible robado en pipas rotuladas que circulaban a plena luz del día por las carreteras que conectan a Hidalgo con el Estado de México.
García Harfuch detalló que la capacidad de extracción superaba los 1.5 millones de litros semanales, los cuales eran distribuidos no solo en estaciones de servicio clandestinas, sino también vendidos de manera irregular a empresas del sector industrial que buscaban reducir costos operativos mediante el mercado negro. Esta dinámica generaba ganancias ilícitas millonarias que, según las autoridades, servían para financiar otras actividades delictivas en la región.
El despliegue: 20 cateos simultáneos
La desarticulación de la banda se logró mediante la ejecución de 20 órdenes de cateo cumplimentadas de manera coordinada. Diez de estos operativos se llevaron a cabo en municipios clave de Hidalgo, zona históricamente sensible por el paso de ductos estratégicos, mientras que los diez restantes tuvieron lugar en el Estado de México, donde se concentraba el almacenamiento masivo y la distribución final.
Durante las diligencias, las fuerzas federales —integradas por la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República— aseguraron una flota de 61 camiones cisterna (pipas) y 20 tanques de almacenamiento de gran capacidad. Además, se incautaron más de 150,000 litros de hidrocarburo listo para su comercialización, incluyendo una cantidad significativa de Gas LP, lo que confirma la diversificación del robo de energéticos por parte de este grupo.
Impacto y estrategia de seguridad
El golpe a esta estructura no solo representa una victoria en la recuperación de recursos públicos, sino que ataca directamente el brazo financiero de los grupos de la delincuencia organizada que operan en el Valle de México y la zona del Mezquital. El secretario Harfuch enfatizó que este resultado es fruto de una nueva fase de coordinación institucional donde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) jugó un papel determinante para mapear la red de lavado de dinero asociada a las empresas fachada.
Los 14 detenidos fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad y puestos a disposición de un juez federal, donde enfrentarán cargos por delincuencia organizada, robo de hidrocarburos y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Con esta acción, el Gabinete de Seguridad reafirma su estrategia de «cero impunidad» frente a los delitos que atentan contra la infraestructura energética y la economía nacional.
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