Tras el bloqueo a la reforma constitucional, la Presidenta presenta una iniciativa de leyes secundarias que busca reducir el costo de la democracia en estados y municipios, limitando el número de regidores y ajustando el gasto operativo del INE.
Redacción Informante
CIUDAD DE MÉXICO. – En un movimiento estratégico tras no alcanzar la mayoría calificada para una reforma constitucional integral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este martes los detalles del «Plan B» de la Reforma Electoral. La iniciativa, que será enviada de inmediato al Senado de la República, se centra en modificaciones a leyes secundarias con un objetivo central: la austeridad republicana dentro de las instituciones electorales y las estructuras de los gobiernos locales.
Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que la democracia mexicana es una de las más costosas del mundo y que el sistema actual permite excesos que no corresponden a la realidad social del país. «No se trata de vulnerar el voto, sino de que el dinero del pueblo se use en servicios básicos y no en mantener burocracias doradas», afirmó ante los medios.
El hachazo a la «Burocracia Dorada»
El núcleo del Plan B ataca directamente las percepciones económicas de la alta jerarquía electoral. La iniciativa propone reformas estrictas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para asegurar que ningún consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) ni magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perciba un salario superior al de la titular del Ejecutivo Federal.
Esta medida busca poner fin a los amparos y recursos legales que han permitido a altos funcionarios mantener sueldos y prestaciones por encima del tope constitucional establecido en el Artículo 127. Según el documento presentado, el ahorro generado por este ajuste salarial y la eliminación de seguros de gastos médicos mayores y fondos de separación individualizada se redistribuirá a programas de infraestructura social.
Austeridad en los estados: Menos regidores y menos gasto
Uno de los puntos más disruptivos de la propuesta es la intervención en la estructura de los ayuntamientos y los Organismos Públicos Locales (OPLES). La presidenta detalló que se ha detectado una disparidad injustificada en el número de regidores a nivel nacional.
«Hay municipios que tienen hasta 25 regidores, cada uno con asesores y presupuestos propios, lo cual es insostenible», señaló Sheinbaum. La reforma plantea una tabla de proporcionalidad basada en la población de cada municipio, sugiriendo rangos de entre 7 y 9 regidores como máximo para las demarcaciones más grandes. Con esta medida, se estima un ahorro de miles de millones de pesos anuales que los municipios podrán destinar directamente a obras de agua potable, drenaje y pavimentación.
Asimismo, se propone una reducción progresiva del 15% en el gasto operativo del Senado y de los Congresos locales, forzando a las cámaras legislativas a operar con estructuras más esbeltas y eficientes.
Impulso a la Democracia Directa
El Plan B no solo contempla recortes, sino también una expansión de los mecanismos de participación ciudadana. La iniciativa busca facilitar los requisitos para las consultas populares, permitiendo que temas de relevancia nacional puedan ser sometidos a votación con mayor frecuencia y menor costo administrativo.
Un punto que ha generado eco en los pasillos del Congreso es la intención de reafirmar la Revocación de Mandato para el año 2027. La administración de Sheinbaum busca que este ejercicio se consolide como una práctica institucionalizada, permitiendo que la ciudadanía evalúe el desempeño del Ejecutivo a mitad del sexenio, fortaleciendo la rendición de cuentas.
El camino legislativo y la reacción política
Al ser una reforma de leyes secundarias (como la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Medios de Impugnación), el bloque oficialista solo requiere de una mayoría simple para su aprobación, la cual ya posee en ambas cámaras. Esto asegura, en teoría, un tránsito fluido en el Senado, aunque se espera una batalla legal intensa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez que la oposición presente las impugnaciones correspondientes.
Los críticos de la reforma argumentan que reducir el presupuesto de los OPLES y del INE podría poner en riesgo la logística de los comicios futuros. Sin embargo, la Presidenta fue enfática en que la digitalización de procesos y la eliminación de duplicidad de funciones entre el INE y los institutos locales compensarán cualquier ajuste presupuestal sin poner en riesgo la integridad del sufragio.
Conclusión y perspectiva
Con el envío de este paquete legislativo al Senado, el Gobierno Federal marca su agenda para el segundo tercio del año, poniendo a prueba la cohesión de su coalición y desafiando el modelo de financiamiento público que ha imperado en México por décadas. La discusión en comisiones comenzará esta misma semana, bajo la mirada atenta de organismos internacionales y la sociedad civil, quienes vigilan de cerca el equilibrio entre el ahorro presupuestal y la autonomía institucional.
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