La presidenta de México rechazó el uso de la fuerza pública ante los disturbios en la capital y turnó las negociaciones laborales a los titulares de la Segob y la SEP.
Redacción Informante
CIUDAD DE MÉXICO. En un endurecimiento de su postura política frente al magisterio disidente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que los recientes disturbios, destrozos y bloqueos viales ocasionados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) responden a una estrategia de «provocación» que termina favoreciendo los intereses de la «ultraderecha» mexicana.
Durante sus conferencias de prensa matutinas, la mandataria sostuvo que las acciones radicales de ciertos sectores del movimiento magisterial buscan desestabilizar a su administración y forzar al Gobierno federal a responder mediante el uso de la fuerza pública. Ante este escenario, la jefa del Ejecutivo federal dejó en claro que su gestión mantendrá una línea de tolerancia y no recurrirá a la represión policial para disolver las manifestaciones que han colapsado puntos neurálgicos de la capital del país.
El argumento de la provocación y la «ultraderecha»
La mandataria federal recurrió a la premisa de que «los extremos se juntan» para explicar el comportamiento actual de las facciones más radicales de la CNTE. De acuerdo con el análisis de Sheinbaum Pardo, el método de confrontación violenta y los daños materiales perpetrados en la vía pública ya no representan una lucha social legítima, sino un mecanismo que se alinea de manera indirecta con la agenda de los grupos conservadores del país, cuyo objetivo principal es proyectar una imagen de ingobernabilidad.
En la antesala de compromisos internacionales de gran relevancia para la nación, la presidenta enfatizó de forma tajante que los cuerpos de seguridad del Estado no intervendrán de forma violenta contra los docentes. Para reforzar este compromiso histórico de la izquierda oficialista, la mandataria lanzó una contundente declaración conceptual: «No vamos a caer en la provocación, no somos Díaz Ordaz». De esta forma, desmarcó por completo a su administración de los regímenes autoritarios del pasado.
Negociación institucional sin audiencias presidenciales
A pesar de que el magisterio disidente ha condicionado el cese de sus movilizaciones a un encuentro directo con la jefa del Estado en Palacio Nacional, la postura de la presidencia se mantiene firme en delegar el conflicto a las ventanillas institucionales correspondientes. Claudia Sheinbaum Pardo descartó modificaciones en su agenda para recibir personalmente a las comisiones de la CNTE, argumentando que la estructura gubernamental cuenta con los perfiles idóneos para resolver las demandas sectoriales.
La atención formal a las peticiones de los trabajadores de la educación se canalizará estrictamente a través de las siguientes dependencias del gabinete legal:
- Secretaría de Gobernación (Segob): Encargada de coordinar las mesas de diálogo político, garantizar la gobernabilidad y evaluar los esquemas de distensión en las zonas de conflicto.
- Secretaría de Educación Pública (SEP): Responsable de revisar las condiciones laborales y administrativas de los docentes, así como el funcionamiento del sistema educativo nacional.
La mandataria insistió en que el valor y la validez de los acuerdos institucionales no disminuyen por el hecho de no ser firmados de manera directa por la titular del Poder Ejecutivo.
Viabilidad financiera y límites a las demandas históricas
En el fondo del conflicto se encuentran exigencias gremiales de carácter estructural que la CNTE ha mantenido durante años. Entre las principales solicitudes destaca la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, una legislación que modificó sustancialmente el régimen de pensiones y jubilaciones de los trabajadores al servicio del Estado.
Si bien la presidenta Sheinbaum Pardo reconoció de manera pública que su administración comparte las críticas hacia el modelo de pensiones heredado de los periodos neoliberales, acotó que la solución total del problema enfrenta severas restricciones presupuestales. El Gobierno federal ha determinado los siguientes criterios en materia económica respecto a las peticiones del magisterio:
- Imposibilidad de reversión total: Una contrarreforma integral a la Ley del ISSSTE de 2007 representaría un impacto financiero inmediato e inviable para las finanzas públicas del país en este ejercicio fiscal.
- Atención a demandas legítimas: La administración federal se compromete a revisar los casos individuales y las prestaciones laborales de forma escalonada, siempre y cuando no se ponga en riesgo la estabilidad macroeconómica del Estado.
- Rechazo a la presión: El Ejecutivo mantendrá la política de no ceder a chantajes ni a condicionamientos basados en el estrangulamiento de las vías de comunicación terrestres.
Con esta postura, el Gobierno de México busca trazar una línea clara entre el derecho constitucional a la libre manifestación de las ideas y los actos de violencia material, al tiempo que delega la resolución del conflicto a los secretarios de Estado competentes. Las autoridades hicieron un llamado final al magisterio para encauzar sus exigencias por la vía del diálogo pacífico y formal dentro de las mesas de trabajo ya establecidas.
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