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Xalapa, Ver., 29 de noviembre de 2024.- Con 38 votos a favor y nueve en contra, el Pleno de la LXVII Legislatura del Estado de Veracruz aprobó la minuta proyecto de decreto por lo que se reforma el párrafo segundo del Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa, remitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
En la Séptima Sesión Ordinaria, celebrada este 29 de noviembre, las diputadas y los diputados de Veracruz dieron su aval a la modificación constitucional que tiene como finalidad incrementar el catálogo de delitos por los que un juez debe ordenar la prisión preventiva oficiosa.
Se contemplan la extorsión, delitos relacionados con la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados, así como delitos graves en contra de la salud, del libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales falsos.
El proyecto precisa que, para la interpretación y aplicación de las normas previstas, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.
De acuerdo con la página de seguimiento de reformas constitucionales del Senado de la República a las 15:55 horas de este día, las legislaturas estatales que ya han aprobado esta modificación constitucional son Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Colima, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.
Tras la aprobación por parte del Pleno de la LXVII Legislatura de Veracruz, la presidencia de la Mesa Directiva, a cargo de la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, instruyó remitir el decreto correspondiente e informar al Senado de la República sobre el mismo.
Posicionamientos
En la etapa de posicionamientos, por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Ingrid Jeny Calderón Domínguez manifestó que la medida de prisión preventiva oficiosa es excepcional, toda vez que garantiza el proceso penal y está sujeta a la revisión y autorización del juez. Añadió que el procedimiento ha evolucionado y que no es automática, sino que debe cumplirse debidamente con los requisitos y prevé la protección de las víctimas, testigos y de la comunidad en general.
“Es una respuesta a los retos y significa un paso adelante hacia un sistema judicial más justo y transparente”, citó.
Del Partido Movimiento Ciudadano (MC), el legislador Adrián Sigfrido Ávila Estrada subrayó que esta reforma significaría la salida de México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido al contenido de la misma y que la prisión preventiva oficiosa perjudica mayormente a las personas de escasos recursos, “son las que hoy llenan nuestras cárceles, sin sentencia”.
Agregó que la prisión preventiva a menudo se convierte en un mecanismo de abuso y que más cárceles y penas no representa un mejor sistema de justicia.
Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Ana Rosa Valdés Salazar dijo que cuatro de cada diez internos de los centros de reinserción social no tienen aún sentencia y que eso significaría que podrían ser inocentes. Añadió que la reforma va en contra de la presunción de inocencia y por ese motivo, adelantó, su voto en sentido negativo.
Del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Montserrat Ortega Ruiz refirió que ampliar la prisión preventiva oficiosa traerá consecuencias negativas para México, debido a los pactos de los que el Estado forma parte e indicó que se viola la presunción de inocencia y que actualmente hay muchos ciudadanos a los que aún no se les dicta sentencia, “podrían ser inocentes”.
El diputado Luis Vicente Aguilar Castillo, del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo (PT), realizó un recuento de los delitos por los que ahora podría dictarse la medida cautelar de prisión preventiva y enfatizó la extorsión y producción de fentanilo que tanto daño causan a la sociedad. Dijo que “se busca redefinir el marco constitucional, que tiene como finalidad la necesidad de una pronta reacción del Estado frente a estos delitos que han sido lesivos para la sociedad”.
