El destino de Verónica
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
El magisterio es, sin lugar a dudas, uno de los sectores mejor informados entre la sociedad. Los maestros saben de política, conocen los derechos que han ganado durante décadas de lucha, e identifican con claridad cuáles son los riesgos para su estado. *** Este lunes el candidato a la gubernatura de Veracruz, Pepe Yunes, acusó que, por la ineptitud del gobierno de Cuitláhuac García en materia de seguridad, cada vez son más los riesgos para los maestros al salir a las distintas zonas del Estado. *** “Empecemos a pensar en los maestros que cada día vemos mucho más riesgoso salir a las zonas remotas de la geografía veracruzana, porque no tienen condiciones ni garantías para cumplir su trabajo, entonces ¿qué hace el Gobierno?”. *** Durante una reunión con maestros agremiados al Sindicato de Empleados al Servicio de la Secretaría de Educación de Veracruz (SESSEV), Pepe Yunes resaltó que estas condiciones de riesgo las conocen los maestros, pero también lo saben los doctores, las doctoras, a quienes dejaron a merced del hampa. *** A los trabajadores de la educación, Pepe Yunes les dijo que Veracruz ha tenido más de cinco años de la peor experiencia de gobierno de su historia, una administración mala para gobernar y no muy buena para encontrar pretextos, pero que los busca para no dar resultados. *** Pepe Yunes señaló que Veracruz no forma parte de las prioridades del gobierno federal, pues en casi seis años, la entidad no fue destino de recursos extraordinarios. *** Mencionó que lo que más se logró fue que se destinaran recursos para el proyecto del Istmo de Tehuantepec, pero el 80 por ciento de esos recursos se quedaron en Salina Cruz, Oaxaca, no en Veracruz.
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Desde que se tomó la decisión de imponerla como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) se advirtió que era un error. Verónica Hernández no era -de ninguna manera- la opción mejor calificada para ocupar ese encargo. Su único mérito era que formaba parte del equipo de quien entonces encabezaba la Secretaría de Gobierno y que, en gran medida, tenía el control de la administración estatal, Éric Cisneros Burgos.
Pero estaba claro que no buscaban la opción más capaz, sino la más manipulable. ¿Autonomía? ¡Qué va! Eso es un mito.
Desde entonces la Fiscalía de Veracruz ha sido el instrumento preferido del gobernador para saciar su sed de venganza. El caso quizá más emblemático es el de Rogelio Franco Castán, quien fuera dirigente estatal del PRD y secretario de Gobierno en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.
Para detenerlo, el gobierno estatal compró la voluntad de su exesposa, con el fin de que reviviera una denuncia por violencia intrafamiliar. A pesar de que contaba con un amparo, fue intervenido por la policía estatal y acusado de “ultrajes a la autoridad”, delito que poco después descalificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Para ese entonces, sin embargo, Rogelio Franco ya enfrentaba nuevas acusaciones. Todas (incluida la de violencia contra su exesposa) fueron combatidas y es la fecha en que aún no alcanza su libertad. Consiguió, eso sí, gracias a una disposición de la justicia federal, que le modificaran la medida cautelar para pasar de prisión en un reclusorio, a prisión domiciliaria.
Y el ejemplo se aplicó con muchos más: al momento en el que la Fiscalía estatal asumía que ya no tenía argumentos para mantener a alguien en prisión, recurría a la creación de nuevas denuncias. En muchos casos ocupaban a reos que ya purgaban condenas, a los que les ofrecían beneficios a cambio de que declararan que determinada persona había delinquido con ellos.
Este lunes la exjueza de control Angélica Sánchez Hernández (hoy candidata al senado por Movimiento Ciudadano) afirmó que la titular de la FGE, Verónica Hernández, cambió de zona a los fiscales que fueron denunciados en la Fiscalía General de la República (FGR) por fabricar pruebas contra Itiel Palacios.
La abogada advirtió que la Fiscalía no sólo fabricó testigos en casos judiciales, sino que también encubre a fiscales implicados en la manipulación de pruebas.
No pasemos por alto que cuando fungía como jueza de control, Angélica Sánchez ordenó dar cumplimiento a un amparo conseguido por Itiel Palacios, lo que provocó la ira del gobernador y, en consecuencia, las represalias por parte de la Fiscalía General del Estado y hasta del Tribunal Superior de Justicia.
La ingenua titular de la Fiscalía ha pasado por alto que su único blindaje, el gobernador Cuitláhuac García, está por concluir su encargo y que en ninguno de los escenarios (que gane Rocío Nahle o que gane Pepe Yunes) ella terminará bien parada.
Para la oriunda de Zacatecas, la actual titular de la Fiscalía es una imposición de Éric Cisneros, su enemigo político, por lo que no habrá forma de que confíe en su lealtad. Pepe Yunes, por su parte, integró aquel “Movimiento por la Justicia” que se plantó frente a Palacio de Gobierno para exigir el cese de los abusos en esa materia.
Se sabe que, anticipando la tormenta que se le avecina, Verónica Hernández buscó con afán un cargo de elección popular que le diera fuero. No lo consiguió y todo hace prever que seguirá los pasos de sus antecesores.
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Epílogo.
Y a propósito de justicia, en el Consejo de la Judicatura de Veracruz están revisando a detalle las denuncias que presentaron abogados litigantes del norte de la entidad, por esa red de corrupción que opera entre jueces de control, auxiliares y magistrados. *** Las quejas señalan de manera recurrente al magistrado Esteban Martínez Vázquez, oriundo de Papantla, quien -denuncian los juristas- opera con jueces corruptos de la zona norte, para generar determinaciones que afecten a una de las partes y después cobrar una importante suma para corregir las determinaciones. *** Son varios los funcionarios del Poder Judicial del Estado (PJE) que le han sugerido a la magistrada presidente, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, que utilice esas denuncias para dar un ejemplo de su política de combate a la corrupción. *** Tan pronto como pase el período electoral, cuando sea necesario quedar bien con el gobernador electo, esas quejas podrían ser atendidas y los juzgadores sancionados.
