• La desaparición de cinco órganos autónomos significaría ahorros por casi 4 mil millones de pesos.
Redacción Informante
Los llamados órganos autónomos podrían vivir sus últimos meses, tras décadas al servicio de intereses particulares y de legalizar el despojo a la Nación.
Desde su origen en el periodo neoliberal, a estos entes los persigue un pasado turbio, decisiones en favor de empresas trasnacionales, lujos y presuntos actos de corrupción.
De los 11 organismos autónomos, al menos 5 se han distinguido por incurrir en prácticas que no benefician al pueblo y son una carga millonaria para el erario.
La lista es encabezada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI; la Comisión Federal de Competencia Económica, Cofece; el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT; la Comisión Reguladora de Energía, CRE; y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH.
Recursos
Este 2024, sólo el INAI recibirá recursos públicos por mil 097 millones de pesos. El IFT se embolsará mil 680 millones de pesos. La Cofece casi 688 millones de pesos. La CRE tiene más de 285 millones de pesos. Mientras que la CNH tiene 247 millones 551 mil pesos.
En total, estos 5 entes autónomos dispondrán de recursos públicos este año por casi 4 mil millones de pesos. Cifra muy superior a los 3 mil 700 millones de pesos que recibirá el programa de mejoramiento urbano de la Sedatu.
Además, los altos mandos de estos organismos gozan de elevados sueldos y privilegios.
El caso ilustrativo es el de los comisionados del INAI que en 2023 percibieron alrededor de 151 mil 300 pesos mensuales, cada uno.
Lo escandaloso está en la Cofece, pues sus altos funcionarios perciben 206 mil pesos mensuales, cifra superior al salario del titular del Ejecutivo, sin importarles que lo prohíbe la Constitución.
Pese a sus altos sueldos, se ha demostrado que estos organismos no priorizan el bienestar del pueblo. Se han constituido como un segundo Gobierno y asumen facultades que no les corresponden.
La Cofece ahora amaga revisar con lupa la adquisición que hizo el Estado de la marca “Mexicana de Aviación” y de las plantas de generación eléctrica que pertenecían a Iberdrola.
Antes, la Cofece se opuso al rescate de la industria eléctrica nacional, al argumentar afectación a los consumidores y a empresas particulares.
Claramente defendiendo los intereses privados, la Cofece advirtió que la CFE se convertiría en un monopolio y concentraría toda la cadena de valor del sector; es decir, generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad.
En el INAI también permea la opacidad. Contrario a su presunta esencia de transparentar la información, su vocación ha sido ocultar datos y guardar silencio, como práctica recurrente de la institución.
Y es que la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que se puede reservar información en poder de dependencias públicas, por lapsos de cinco a 10 años, si consideran que su divulgación pone en riesgo la seguridad nacional, daña la estabilidad del país; o permanentemente si es clasificada como confidencial, para proteger los datos personales.
Ejemplos sobran. De 2003 a 2022 este organismo recibió más de 2.8 millones de solicitudes de información. Pero archivó casos que consideró incómodos para los Gobiernos pasados.
Durante varios años, el INAI mantuvo oculto el expediente Odebrecht, que derivó en el mayor escándalo de corrupción en Pemex, y que involucra a exfuncionarios de los gobiernos de Peña Nieto y Calderón.
Tuvo que hacerse una investigación internacional para que se revelaran en 2017 los sobornos millonarios que la empresa brasileña dio a funcionarios mexicanos, entre 2006 y 2011, para obtener contratos de obras públicas. Ahí también salió a la luz el nombre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
El INAI también ha callado en casos graves, derivados de la fallida guerra contra el narcotráfico, desatada en el sexenio de Felipe Calderón, o respecto a los contratos para la adquisición de programas de espionaje telefónico con Pegasus, firmados en la administración de Peña Nieto.
La desaparición de estos 5 organismos autónomos, como lo plantea el presidente López Obrador, significará ahorros por casi 4 mil millones de pesos, presupuesto público que permitiría fondear el nuevo sistema de pensiones que propondrá el Ejecutivo Federal.
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