Redacción Informante
Tres expolicías municipales de Medellín de Bravo presentaron una denuncia penal contra el alcalde Marcos Isleño Andrade, el director de Gobernación y enlace para la creación de la policía municipal, Fernando Vázquez Díaz y José Zamorano Bobadilla, policía estatal comisionado y encargado de la dirección de la policía municipal.
La denuncia es por los delitos de amenazas, abuso de autoridad, abuso de poder, tráfico de influencias al hacer operar la policía municipal, sin contar con la autorización e imponer multas de hasta 25 mil pesos a los automovilistas.
Acusaron que usan la policía municipal para hacer detenciones arbitrarias, cobros fraudulentos, robo, extorsión, abuso de autoridad, abuso de poder, privación ilegal de la libertad y tráfico de influencias contra los ciudadanos de Medellín de Bravo.
El municipio no cuenta con un grupo de seguridad pública local, desde el año 2015 -durante la administración de Javier Duarte de Ochoa- se emitió un decreto por el que se asumía el mando único policial.
Y aunque personal del Ayuntamiento de Medellín informó a este medio de comunicación que el Cabildo ya votó el acuerdo para pedir su municipalización, no proporcionó el documento oficial que permita la operación del grupo de seguridad.
Desde el mes de noviembre, el Ayuntamiento -a través de la Policía Municipal- cobra multas por arrestos por faltas administrativas, sin que exista algún decreto o acuerdo por el que se confirma que quedó integrada la agrupación de seguridad local.
Fuentes al interior de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmaron que está operando una delegación de policías estatales a cargo de la seguridad de los habitantes de Medellín.
En 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado del cinco de febrero, el acuerdo que determinaba que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, asumía el mando funcional y operativo de la policía preventiva del municipio de Medellín, bajo el esquema de Mando Único Policial.
En ese momento, se instruyó al Secretario de Seguridad Pública a que, en el ámbito de su competencia, suscribiera el instrumento relativo con el Ayuntamiento de Medellín, para convenir las acciones de colaboración y coordinación, en términos funcionales y operativos.
En ese momento, se instruyó al Secretario de Finanzas y Planeación a realizar las ampliaciones presupuestales para asesorar al Municipio de Medellín en el deslinde y finiquito que por derecho les correspondía a los elementos de la corporación que integra la estructura de Policía Preventiva Municipal de Medellín.
El Cabildo aprobó la municipalización del servicio de seguridad pública y el 18 de octubre el alcalde Marcos Isleño lanzó la convocatoria para iniciar el proceso de municipalización de la policía, la cual actualmente está bajo el control del Gobierno del Estado de Veracruz.
No obstante, la denuncia que se presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Servidores Públicos se informa que desde el mes de mayo de este 2023 empezó la contratación de policías municipales.
Como parte del contrato se ofreció seguridad social, apoyo de alimentación, instalaciones y trato digno para el personal operativo; sin embargo, desde el 1 de mayo, cuando fueron contratados no se les proporcionó equipo o herramientas para realizar las funciones policiales, lo cual ponía en riesgo a los encargados de la prevención de los delitos, detalla la denuncia.
Cuando requirieron a José Javier Zamorano Bobadilla cumplir con las condiciones de trabajo fueron amedrentados y amenazados, incluso, se les inició un proceso administrativo por acoso y hostigamiento sexual, que se sustentaron -acusan- en falsos testimonios, suspendiendo su salario por un periodo de tres meses.
A los exelementos se les abrió una carpeta de investigación en la Fiscalia Especializada en Investigación de los Delitos de Violencia contra la Mujer, Niños, Niñas y Adolescentes en junio del 2023.
No se les permitió defenderse y fueron suspendidos sin goce de sueldo de los meses de agosto a noviembre, lo que les provocó daño moral, psicológico, económico y patrimonial.
A pesar de la denuncia, fueron reinstalados, sin embargo, ahora se les recontrató como vigilante auxiliar, y fueron reubicados en el área de servicio de limpia pública, con un salario menor.
Los expolicías enviaron un escrito al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla a quien le notificaron de la operación ilegal de la policía municipal.
Usan el grupo para cobros fraudulentos, robo, extorsión, abuso de autoridad, abuso de poder, privación ilegal de la libertad y tráfico de influencias contra los habitantes de Medellín de Bravo, dice la carta.
Lo anterior, porque sin estar en función la policía municipal se realizan detenciones arbitrarias, sin fundamentar y motivar, las acciones como lo marcan las leyes y reglamentos del Estado.
Violentando los derechos humanos de los ciudadanos en base a un reglamento de Bando y Buen Gobierno que no está vigente, pues no ha sido publicado en la Gaceta Oficial del Estado.
José Javier Zamora Bobadilla funge como delegado, encargado de la policía municipal, es Capitán de Marina y delegado defensor y observador estatal de Derechos Humanos, dicen los exfuncionarios que presumen que usurpa funciones.
Los extrabajadores, en su escrito, hicieron responsable tanto al alcalde Marcos Isleño como el encargado de la policía municipal, de cualquier cosa que les pueda pasar a ellos y su familia, pues Zamorano Bobadilla dijo contar con la protección de exfuncionarios como Eric Cisneros, el actual titular de la SSP, Cuauhtémoc Zúñiga y del propio alcalde Marcos Isleño.
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