Dario Pale
Xalapa, Ver.- La diputada local de Movimiento Ciudadano Ruth Callejas Roldan dio a conocer que la sala superior tiene un gran reto ya que el funcionario público que denunció sería el encargado de implementar las medidas cautelares.
En entrevista sobre la violencia que sufrió por un funcionario comentó que, están esperando que se resuelva el Procedimiento Especial Sancionador (PES), en el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), y espera que pronto se resuelva.
Además están esperando que en la sala superior se resuelva la impugnación sobre medidas cautelares, lo cual es algo muy «tortuoso» ya que cualquier víctima de cualquier delito de violencia que este en la Ley de las mujeres a una vida libre de violencia por oficio la autoridad al conocerlo debe de de otorgar las medidas cautelares de protección.
«Nosotros las pedimos desde el este proceso y han sido impugnadas una porque la comisión de quejas del Organismo Público Local, sancionó a los medios en lugar de sancionar al servidor público no, entonces nosotros no pedimos que se sancionarán a los medios si no que se otorgaran las medidas cautelares que dejara de revictimizarme y de hacer declaraciones y bueno vemos que hay una desigualdad», señaló.
Son dos poderes autónomos el ejecutivo y el legislativo, hay una desigualdad ya que el ejecutivo maneja recursos públicos y tiene a su disposición secretarías y algo que a ellos les llama mucho la atención y no sólo en su caso si no que puede pasar con alguien más por lo que deben dejar un precedente en los tribunales y en en las salas regionales del país las mujeres seguirán indefensas.
«Las medidas cautelares son implementadas por el Centro de Justicia para las Mujeres, la Fiscalía y el Instituto Veracruzano de la Mujer, y que pasa cuando el agresor es quien tiene que implementar las medidas cautelares el chiste se cuenta solo mejor que no nos protejan», comentó.
Lo anterior es un reto que tiene la sala superior ya que es algo que tiene que tomar en cuenta porque el funcionario público que denunció sería el encargado de implementar las medidas cautelares por lo que puede existir un conflicto de intereses y lejos de estar protegiendo podrían llegar a otras cosas y no sólo en su caso si no que pude pasar con cualquier otra mujer, ya llevan 276 días peleando las medidas cautelares y de protección.
