En medio de la violencia que ha arreciado en el estado de Guanajuato, 30 personas fueron asesinadas y tres más quedaron lesionadas de gravedad tras la irrupción de un grupo armado en un centro de rehabilitación de adictos en la comunidad de Arandas, en Irapuato.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 18:00 horas sobre la calle Lerdo. El grupo de sicarios arribó en un vehículo de color rojo. Tras penetrar al inmueble ordenó a los pacientes que se tiraran al suelo boca abajo y en fila, para entonces fusilarlos. Toda la sala del inmueble quedó llena de cuerpos.

El anexo funcionaba en una casa en obra negra, pero con el nombre Recuperando Mi Vida. El lugar carece de permisos de operación.

Visiblemente consternado, el secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Pedro Cortez Zavala, informó los hechos y agregó que muchos de los adictos recluidos en el lugar habrían huido por sus propios medios, ya que algunos tenían familiares cerca de ahí.

“Se fueron cuatro heridos en ambulancia —murieron al recibir atención médica—, al parecer otros se fueron por sus propios medios. Siete lesionados y 30 personas sin vida”.

El funcionario municipal indicó que los sicarios no se llevaron a nadie, como había ocurrido en otras ocasiones.

Entre el lodo y los charcos ocasionados por las últimas lluvias en ese punto sin pavimentar, familiares y amigos de las víctimas, así como curiosos, se acercaron al lugar de la masacre para saber qué había pasado.

Familiares de las víctimas mortales suplicaban a las autoridades les dejaran verlas.

“Mi hermano mayor estaba anexado. Apenas lo habían anexado, tenía 44 años de edad”, lamentó uno de los familiares de las víctimas, quien comentó que había unas 40 personas recluidas. El pago por la atención era de 400 pesos por semana.

“Apenas yo había venido y vi a mi hermano tranquilo. Sí me dio mala espina, pero pues yo dije que fuera lo que Dios diga, porque fue mi primo el que trajo a mi hermano para que se curara. Ya uno los trae a sabiendas de que nada más se puede hacer. Yo quería que fuera a un centro de rehabilitación, pero está fuera de nuestro alcance, nos cobraban 35 mil pesos por 45 días, pero no podíamos”, dijo el joven quien reclamó la falta de información sobre lo ocurrido.

Al lugar arribaron decenas de unidades de policía municipal y estatal, así como de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, así como ambulancias de la Cruz Roja y Protección Civil.

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