A pesar de las promesas históricas de prohibición, la administración federal propone evaluar «nuevas tecnologías» de fracturación hidráulica para reducir la dependencia del gas extranjero, desatando críticas de científicos y ambientalistas.
Redacción Informante
CIUDAD DE MÉXICO. – En un movimiento que ha tomado por sorpresa a sectores ambientalistas y académicos, la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto sobre la mesa de debate nacional la posibilidad de retomar la fracturación hidráulica, mejor conocida como fracking, para la extracción de gas natural en territorio mexicano. La propuesta, presentada durante su conferencia matutina del 9 de abril de 2026, marca un distanciamiento significativo respecto a la política de veto absoluto mantenida por su predecesor y choca frontalmente con las advertencias técnicas que señalan la inviabilidad de esta práctica en el país.
El argumento central de la mandataria se basa en la urgencia de alcanzar la soberanía energética. Actualmente, México importa aproximadamente el 75% del gas natural que consume, principalmente desde Texas, Estados Unidos. Para Sheinbaum, mantener este nivel de dependencia es una vulnerabilidad estratégica; sin embargo, su propuesta de utilizar «nuevas tecnologías» para mitigar el daño ambiental ha sido recibida con escepticismo por expertos que consideran que no existe tal cosa como un fracking que no degrade el ecosistema.
El dilema técnico: ¿tecnología moderna o inviabilidad geológica?
La presidenta ha instruido la creación de un comité técnico integrado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para evaluar alternativas a la fracturación convencional. Según la narrativa oficial, se busca explorar métodos que utilicen menos agua o que permitan el reciclaje total de los fluidos inyectados, así como el uso de agentes químicos menos tóxicos para fracturar la roca de lutita.
No obstante, geólogos independientes sostienen que la «necedad» de insistir en el fracking ignora realidades geográficas básicas de México. Los yacimientos más prometedores de gas de esquisto se encuentran en el noreste del país (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), regiones que atraviesan crisis hídricas estructurales. Incluso con sistemas de reciclaje, la extracción inicial demanda millones de litros de agua dulce, lo que pondría en competencia directa el suministro para consumo humano y agrícola contra las necesidades de la industria petrolera.
Sismicidad y contaminación: los riesgos que no desaparecen
Uno de los puntos más críticos señalados por los detractores de la medida es la sismicidad inducida. La experiencia internacional, particularmente en regiones de Estados Unidos como Oklahoma, ha demostrado que la inyección de fluidos a alta presión y el posterior confinamiento de aguas de desecho en pozos profundos alteran las fallas geológicas locales. En un país con la complejidad sísmica de México, la introducción de estas prácticas en zonas no acostumbradas a movimientos telúricos representa un riesgo de protección civil que, según los críticos, la presidenta ha minimizado.
Asimismo, la Alianza Mexicana contra el Fracking ha reiterado que el riesgo de contaminación de acuíferos sigue siendo inherente al proceso. La posibilidad de filtraciones por fallas en el encamisado de los pozos o por la migración de metano hacia los mantos freáticos es una amenaza constante. Para los colectivos ambientales, la intención de «maquillar» el fracking como una actividad sustentable es una contradicción científica proveniente de una administración que se identifica con la protección del medio ambiente.
Impacto político y ruptura de compromisos
El viraje en la política energética también tiene profundas implicaciones políticas. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la prohibición del fracking fue uno de los 100 compromisos de gobierno, manteniéndose como una línea roja infranqueable. La decisión de Sheinbaum de «estudiar» la técnica es vista por diversos sectores de la izquierda como una claudicación ante las presiones de las empresas extractivas y una señal de que la transición energética hacia fuentes renovables podría quedar en segundo plano frente a la explotación de hidrocarburos no convencionales.
Analistas económicos advierten, además, que el costo de extracción en México sería significativamente más alto que el precio de importación actual. La falta de infraestructura, ductos especializados y la profundidad de los yacimientos mexicanos sugieren que, incluso si se lograra extraer el gas, el beneficio financiero sería marginal comparado con la inversión pública requerida, planteando la interrogante de si la soberanía energética justifica un costo ambiental y social tan elevado.
El futuro en manos de los expertos
El comité técnico anunciado por la Presidencia tendrá un plazo de dos meses para entregar un diagnóstico sobre la viabilidad de estas «tecnologías alternativas». El resultado de este estudio será determinante para el futuro del modelo energético nacional. Mientras tanto, la tensión crece en las regiones donde el fracking podría implementarse, con comunidades locales que ya han anunciado que defenderán su territorio y sus fuentes de agua frente a lo que consideran una imposición técnica carente de sustento científico real.
Al final del día, el debate sobre el fracking en México no solo se trata de gas y energía, sino de la visión de desarrollo del país. La importancia de la presidenta en buscar una vía media en una técnica tan polarizante pone a prueba la solidez de sus convicciones ambientales frente a las necesidades crudas de una economía que sigue dependiendo profundamente de los combustibles fósiles.
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