A semanas de cumplir su condena, el exgobernador de Veracruz suma su sexto proceso penal por el presunto desvío de 5 millones de pesos destinados a niños y ancianos; la sombra de la «caja licuadora» vuelve a alcanzarlo.
Redacción Informante
Justo cuando el calendario marcaba el próximo mes de abril como el fin de su reclusión tras nueve años de condena, el destino legal de Javier Duarte de Ochoa ha dado un vuelco dramático. Lo que parecía ser el último tramo de su sentencia por lavado de dinero y delincuencia organizada se ha transformado en un nuevo capítulo de encarcelamiento, ahora bajo la acusación de peculado por un monto que, aunque menor en comparación con el saqueo histórico que se le atribuye, resulta moralmente devastador por el origen de los fondos.
El costo de la «Caja Licuadora»
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Duarte orquestó el desvío de 5 millones de pesos federales que debían fortalecer la infraestructura de la casa hogar “Manuel Gutiérrez Zamora” y la estancia para adultos mayores “Mariana Sayago”. En lugar de proteger a los sectores más frágiles de Veracruz, el dinero habría sido succionado por la infame “cuenta licuadora”, un mecanismo financiero donde los recursos etiquetados se mezclaban para ser utilizados discrecionalmente.
La narrativa de la FGR, apoyada en el testimonio del testigo protegido y extesorero Tarek Abdalá, describe un esquema de «barrido» de cuentas donde el gobernador no solo estaba enterado, sino que era el autor intelectual de las instrucciones publicadas en la Gaceta Oficial.
El ajedrez de la extradición
Durante la audiencia inicial en el Reclusorio Norte, la defensa de Duarte intentó invalidar el proceso apelando al Tratado de Extradición con Guatemala. El argumento central fue una presunta falta de consenso formal entre los tribunales guatemaltecos para este nuevo cargo.
Sin embargo, el Juez Gustavo Aquiles Villaseñor desestimó el incidente, calificando como válida la autorización del Estado soberano guatemalteco. Ante el fallo, Duarte abandonó el lenguaje técnico para recurrir a la retórica política, denunciando una «instrucción» para mantenerlo en prisión y pidiendo al juez que no permitiera que el Poder Judicial fuera un «instrumento político del Estado».
Prisión preventiva: El muro final
El golpe de gracia llegó con la imposición de la prisión preventiva justificada. Aunque la defensa argumentó que no había riesgo de fuga dado que el exmandatario ya se encuentra recluido, el juez determinó que la «necesidad de cautela» es alta debido a los antecedentes del procesado.
Esta decisión no es solo un trámite legal; es un muro que cancela, por ahora, cualquier posibilidad de que Duarte recupere su libertad en abril. Irónicamente, son los 5 millones de pesos arrebatados a niños y ancianos los que hoy fungen como el nuevo candado de su celda. El próximo 17 de febrero se definirá si es vinculado a proceso, pero el mensaje del sistema judicial parece claro: el expediente Duarte sigue lejos de cerrarse.
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