Redacción Informante
Nogales, Ver.- Habitantes de la comunidad de El Encinar denunciaron públicamente presuntos abusos de autoridad y cobros indebidos por parte del Ayuntamiento de Nogales, encabezado por el alcalde Libni Zuriel de la Cruz Cruz, a quien acusan de pretender cobrarles hasta 8 mil pesos por persona bajo el argumento de “regularizar sus escrituras”, aun cuando aseguran, ya cuentan con documentos plenamente legales y registrados ante el Registro Público de la Propiedad y notarías de reconocido prestigio.
De acuerdo con los ciudadanos afectados, el gobierno municipal, a través del departamento de Catastro, intenta obligarlos a pagar un trámite que no tiene sustento legal, pues sus predios ya están debidamente escriturados y reconocidos por las instancias correspondientes.
“Nos quieren cobrar como si fuéramos irregulares o invasores, cuando tenemos escrituras en regla, registradas ante notarios y ante el Registro Público. Es un abuso”, señalaron vecinos de El Encinar.
Los denunciantes apuntan directamente al director de Catastro, Bernardo Palacios, a quien acusan de operar como “coyote” en el tema de la tierra y de buscar, mediante estos cobros, abrir paso a una presunta regularización de personas sin derechos sobre los predios, a quienes afirman, se pretende beneficiar de manera irregular.
Incluso, refirieron que el delegado de Catastro del distrito habría advertido que estas acciones podrían derivar en delitos más graves, ya que Catastro es una dependencia estatal, no municipal, y el Ayuntamiento no tiene facultades para retener pagos ni crear cobros paralelos.
Especialistas en temas inmobiliarios advirtieron que intentar “regularizar” propiedades que ya cuentan con escritura y registro oficial atenta contra la seguridad jurídica de los propietarios y abre la puerta a fraudes, extorsiones y conflictos legales.
Los vecinos temen que, detrás de estos cobros, exista un esquema para hacer negocio con la tierra, afectando a quienes por años han sido propietarios legítimos.
Además del conflicto en Catastro, ciudadanos de la región señalan que el alcalde Libni Zuriel de la Cruz estaría utilizando el aparato municipal para cumplir compromisos políticos y económicos derivados de su campaña, mencionando entre los casos a Vania Pérez, hija de Israel Pérez, de Ixhuatlancillo, quien actualmente funge como procuradora del menor, y a quienes también se les atribuyen antecedentes de abusos de poder en su municipio.
Aunque estas acusaciones deberán ser investigadas por las autoridades competentes, para los habitantes de El Encinar el problema es claro:
“Mientras el municipio se cae a pedazos, el alcalde quiere tapar su mala administración intentando sacarle dinero a la gente que sí ha hecho las cosas bien y tiene sus papeles en regla”.
Los afectados exigieron la intervención inmediata del Gobierno del Estado y de Catastro estatal, así como de instancias anticorrupción, para frenar lo que consideran un intento de extorsión institucionalizada y una amenaza directa a su patrimonio.
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