Juan José Enríquez
Orizaba, Ver.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de la región Orizaba-Córdoba celebró que el diálogo con el Gobierno del Estado permitió frenar un proyecto de construcción de dos casetas de cobro en la autopista 150D del tramo Orizaba-Córdoba, el cual era percibido como una «imposición» y se licitó sin la debida claridad sobre su impacto regional.
Luis Cruz Montesinos, presidente del CCE en la zona, reconoció que, tras un proceso inicial marcado por irregularidades, la apertura al consenso entre ambos sectores logró encauzar el tema hacia un análisis más técnico y consensuado.
«Nosotros ya habíamos percibido que era una imposición. La Gobernadora no tenía ni idea de lo que se pretendía hacer en la región. Lo que nos alarmó fue que ya se habían asignado los recursos y subido la licitación», explicó Cruz Montesinos en entrevista.
El líder empresarial detalló que el sector se alarmó al detectar que la licitación del proyecto y la asignación de recursos se habían realizado sin que existiera un conocimiento pleno por parte del gobierno estatal sobre las implicaciones para la región.
Esta situación, dijo, llevó a unificar una postura de inconformidad junto con representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y la Cámara del Autotransporte de Carga de Veracruz (Hamotac).
«Qué bueno que por primera vez Gobierno del Estado y la iniciativa privada trabajamos en forma conjunta. Eso deja un buen sabor de boca, demuestra que se puede dialogar y llegar a buenos resultados para beneficio de todos», expresó.
Cruz Montesinos enfatizó que el empresariado no se opone al desarrollo de infraestructura, pero rechaza cualquier intento de imponer casetas de cobro, recordando la lucha de 36 años que mantuvo la región para eliminar la caseta de Fortín.
El dirigente señaló que ahora se esperan los resultados de una revisión que realizará Banobras sobre las modificaciones al proyecto.
La propuesta del CCE, subrayó, es que cualquier adecuación se realice sobre la infraestructura existente, sin la imposición de nuevas casetas.
«Nuestra propuesta es que, si quieren hacer adecuaciones, lo hagan sobre el proyecto que ya existe. Nunca nos oponemos a las obras, pero no aceptamos que nos quieran imponer casetas», subrayó.
Finalmente, reiteró la disposición del sector empresarial al diálogo y destacó que este tipo de acuerdos fortalecen la relación entre gobierno e iniciativa privada, lo que se traduce en beneficio para el desarrollo de la región.
