Mauricio Calcaneo
Las comisiones del Senado de la República aprobaron el dictamen a la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que incluye en su artículo 109 la posibilidad de que las autoridades competentes soliciten -sin señalar cuáles ni en qué términos- a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones el bloqueo de las plataformas digitales, por el incumplimiento de disposiciones u obligaciones, de conformidad con los lineamientos que emita en su momento dicha Agencia.
Este precepto ha acaparado el debate en medios de comunicación y, por supuesto, en las redes sociales como un intento de censura o control de éstas.
Al revisar las más de cincuenta páginas de la exposición de motivos de esta iniciativa de ley, presentada por la presidenta de la República, no es posible encontrar un solo argumento que justifique la inclusión de esta disposición. No obstante, en la conferencia matutina de este 24 de abril, Claudia Sheinbaum señaló:
…hay una redacción ahí que tiene que ver con plataformas digitales… Pero tiene que ver que, si hay sanción de alguna otra entidad, por materia de seguridad, por materia de que no paga sus impuestos, por materia de otro tipo, que comete alguna plataforma digital, de violación de alguna otra ley, la Agencia tiene atribución para avisarle a la plataforma que va a bajar. Pero no tiene nada que ver con el contenido de las plataformas, no es ningún… jamás sería nuestra intención censurar, siempre hemos estado en contra de la censura.
Acorde con Sheinbaum, el bloqueo de redes sociales al que se refiere el artículo 109 es una medida que se tomaría por motivos de seguridad, incumplimiento en el pago de impuestos o inobservancia de disposiciones legales. Mas no respecto el contenido de las publicaciones en línea. Sin embargo, nada de esto se señala en la exposición de motivos, ni se argumentó en el debate de las comisiones del Senado, ni mucho menos se contempló en el resto de la propuesta de ley.
Vale recordar que la misma presidenta Sheinbaum en varias ocasiones ha hecho señalamientos sobre las campañas de guerra sucia en redes sociales (infodemia). Por ejemplo, en la mañanera del pasado 18 de marzo, denunció la existencia de una campaña de guerra sucia en la red social X, a partir de los lamentables hechos del rancho Izaguirre ubicado en Teuchitlán, Jalisco. Acorde con Sheinbaum, se detectó que entre el 12 y el 17 de marzo se activaron 147 mil cuentas de bots que generaron más de un millón de menciones contrarios al gobierno y cuyo costo fue de alrededor de 20 millones de pesos.
En este sentido, el Freedom House en su informe sobre libertad en el internet 2024 señala que:
No se ha documentado evidencia de que el gobierno u otros actores bloqueen o filtren contenido político, social o religioso en línea… [sin embargo] En los últimos años, actores estatales y no estatales han utilizado cada vez más amenazas legales y otros métodos para presionar a plataformas de redes sociales, proveedores de alojamiento web y personas usuarias para eliminar contenido. El alcance total y la naturaleza de las solicitudes gubernamentales para eliminar contenido siguen siendo desconocidas, ya que el gobierno no informa sobre sus solicitudes.
Esta no es la primera vez que el oficialismo intenta regular las redes sociales en México. En 2021, en el marco de la toma del capitolio estadounidense y el bloqueo de las cuentas de redes del presidente Trump, Ricardo Monreal, entonces coordinador de los senadores de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a efecto de “establecer las bases y principios generales de la protección a la libertad de expresión en las redes sociales, así como dotar al Instituto Federal de Telecomunicaciones de las atribuciones necesarias con el fin de que pueda garantizar el ejercicio de dicho derecho humano en el ámbito del ciberespacio…”.
El gobierno federal, por conducto de la otrora Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se pronunció en favor de la propuesta de regular la libertad de expresión en las redes sociales. Esta iniciativa, sin embargo, fue retirada días después ante la andanada en su contra en las mismas redes sociales.
La experiencia sobre bloqueo de redes sociales no se circunscribe a México, tal vez el caso más documentado recientemente sucedió en Brasil. Ahí el poder judicial, a través del magistrado Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal y presidente del Tribunal Superior Electoral, ordenó que se suspendieran cuentas de un conjunto de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro por difundir información falsa y que atentaba contra sus instituciones democráticas. La negativa de X a bajar dichas cuentas, sumado al retiro de la representación de la empresa del país, llevaron a que dicha red social no estuviese disponible en Brasil entre el 31 de agosto y el 8 de octubre de 2024.
Para algunos, este caso representó un ataque a la libertad de expresión en línea; para otros, significó el ejercicio de soberanía digital brasileña -es decir, la defensa de las acciones de los Estados para poner límites dentro de sus espacios geográficos a las empresas de redes sociales e internet-.
No obstante, un ejercicio democrático de la soberanía digital exige, en vez de un gatillo discrecional para mantener o no las redes sociales en el territorio mexicano acorde al humor del gobierno en turno, un desarrollo detallado de la normatividad constitucional e internacional en materia de derechos humanos y sus posibles restricciones, así como lo relativo a la moderación de contenidos establecido en el anexo 19-A del T-MEC.
Sólo así se llegará a buen puerto y no se desaprovechará nuevamente la oportunidad de discutir en serio la posible regulación de las redes sociales en México.
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