La Sala Superior del TEPJF confirmó la asignación de diputados plurinominales que hizo el INE y que la oposición impugnó argumentando que hubo una ‘sobrerrepresentación’.
Redacción Informante
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló por mayoría de 4 votos y 1 en contra el proyecto que confirma el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la asignación de diputados plurinominales, con lo que se confirma la “súper mayoría” de Morena y sus aliados. Esto al resolver más de 8 mil 600 recursos que llegaron al Tribunal para impugnar el asunto en el que se advirtió una sobrerrepresentación de la 4T.
Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral, arrancó la sesión indicando que la calificación de la elección es un asunto puramente jurisdiccional, alejado de decisiones políticas y explicó que los magistrados razonaron sin temor a las críticas, presiones externas o incluso amenazas directas o indirectas, personales, institucionales y familiares por juzgar con libertad y apego a derecho.
Una de las primeras posturas y la única en contra fue la de la magistrada Janine Otálora Malassis, quien advirtió sobre una forma de distorsionar la representación de los partidos políticos, pues explicó que un voto no puede contar como mayoría relativa para un partido y de representación proporcional para otro partido de la coalición.
La magistrada se pronunció en contra del proyecto, al considerar que la Sala Superior debió de analizar detenidamente su línea jurisprudencial para verificar si la interpretación de los artículos constitucionales referentes a lo límites de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados es acorde con la realidad y los principios que rige nuestro sistema democratico.
“En las elecciones pasadas, las coaliciones participantes distorsionaron este principio al distribuir las diputaciones de manera que no reflejaba fielmente la voluntad popular. La sobrerrepresentación obtenida a través de estas coaliciones permitió a ciertos partidos acumular un poder que supera los límites constitucionales, comprometiendo así la esencia de nuestra democracia”.
Advirtió que los partidos mayoritarios en estos últimos años han perfeccionado mecanismos para evadir estos límites a través de los convenios de coalición, práctica que ha generado una distorsión que trasciende la funcionalidad del sistema constitucional y afecta los principios fundamentales de representación.
Felipe Alfredo Fuentes Barrera se pronunció a favor del proyecto que avala la sobrerrepresentación al argumentar que los límites deben de aplicarse únicamente a los partidos políticos individualmente y no a sus coaliciones.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón anunció un voto particular parcial porque dijo es fundada la omisión legislativa y se debe vincular al Congreso de la Unión para que legisle las reglas permanentes para dar coherencia al sistema electoral
Reyes Rodríguez Mondragón advirtió que él no opera incentivos nominativos ni por las buenas intenciones de “evitar reformas regresivas para la independencia judicial, como puede ser la elección popular directa y por reforma reprochables como ampliar los mandatos de las y los juzgadores que deciden estos casos”.
Argumentó que se debe entender el equilibrio plasmado en el artículo 54 constitucional entre mayoría relativa y representación proporcional. La intención es conjugar la gobernabilidad del sistema con una mayor representación de las fuerzas políticas.
“A nosotros como tribunal constitucional no nos toca inclinar la balanza a favor o encontra de una fuerza mayoritaria, eso ya lo hizo la ciudadanía en las urnas, para asignar las dipùtaciones federales las autoridades electorales tomamos como base los votos, la responsabilidad principal es resguardar y velar porque la representación al interior del Congreso de la Unión sea precisamente reflejo de ese mandato popular”, aclaró.
Mónica Soto también subrayó: «En este momento no es jurídicamente posible (cambiar las reglas) hacerlo. El Tribunal Electoral es una institución mexicana consolidada, última instancia en el país en materia electoral».
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