• Acusa que existe la práctica de presunta colusión, pues diversas empresas tienen los mismos representantes legales.
• A ocho empresas se les ha otorgado más del 72 por ciento de los recursos en contratos del 2019 al 2023.
Redacción Informante
En la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, hay muchas personas físicas como contratistas sin acreditar experiencia, varias empresas con los mismos representates legales, lo que presuntamente representa el delito de colusión, un gran listado de contratistas millonarios beneficiarios de programas sociales, y se privilegia la entrega de contratos a empresas que no son veracruzanas, señaló Marlon Ramírez Marín, diputado local del PRI.
Durante la comparecencia del titular de la SIOP, Elio Hernández Gutiérrez, ante la Comisión Permanente de Comunicaciones de la LVXI Legislatura, el Diputado indicó que de acuerdo al Portal Nacional de Transparencia, se encontraron del periodo 2019 al 2023 tercer trimestre, 63 operaciones contractuales por un monto de 623 millones, 963 mil, 518 pesos, con empresas de recente creación, 22 por adjudicación directa y 41 por licitación simplificada.
Dio a conocer que a ocho empresas fueron asignados 449.8 millones de pesos, es decir el 72.1% del monto citado, estas son: CHEVALIER CONSTRUCTORA SA DE CV, CONSTRUCTORA SSQ, SA DE CV, COVER DISEÑANDO, SA DE CV, GRUPO ESPECIALIZADO RUTA BOCA, SA. DE C.V, GRUPEE FREUNDE, SA DE CV, HEXOC CONSTRUYE, SA DE CV, LMN Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS, SA DE CV, así como PBA Y CIVILES Y ASOCIADOS, SA DE CV.
Refirió que hubo asignación de contratos de obra pública por 142 millones, 584 mil, 305 pesos a GRUPO ESPECIALIZADO RUTA BOCA, S.A. DE C.V. y GRUPPE FREUNDE S.A. DE C.V. razones sociales con el mismo domicilio fiscal y representante y/o apoderado legal; y contratos asignados por un monto de 59 millones, 824 mil, 396 pesos entre la constructora PBA & CIVILES Y ASOCIADOS, SA DE CV, con LMN y CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A DE CV, y todo esto resulta en presuntas prácticas de colusión.
En su intervención, el Diputado priista leyó un listado de beneficiarios de programas sociales con contratos millonarios, entre ellos: Verónica Castro Hernández, beneficiaria de Jóvenes Contruyendo el Futuro, que tiene un contrato por 1 millón 049 mil pesos; Ricardo de Dios García, beneficiario de Producción para el Bienestar, con un contrato por 1 millón 300 mil pesos; Martín Domínguez Salazar, del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas y Familiares, con 920 mil pesos; y Gustavo Granados, beneficiario del Programa de Apoyo al Empleo con 289 mil pesos.
“¿Tiene conocimiento de estas prácticas de que representantes legales de una empresa o de dos empresas compiten entre sí y se les entregan estos contratos?, porque una de las quejas es que no se les han entregado contratos a empresas veracruzanas, ¿está siendo investigada esta práctica de colusión por el órgano interno de control? ¿va usted a iniciar alguna investigación de carácter legal?, porque me parece inverosimil que beneficiarios de Jóvenes Construyenfo el Futuro, a la par sean contratistas de su dependencia”, preguntó el Legislador.
Expuso que la SIOP privilegia la entrega de contratos a empresas foráneas sobre las veracruzanas, como ejemplo está el GRUPO BAND Y JLB DE PUEBLA, S.A. DE C.V. a la que desde el 2021 a la fecha se le han asignado contratos por un monto de 98.5 millones de pesos, hasta ahora identificados, en los que se incluye la reconstrucción y mantenimiento de la “Fortaleza de San Carlos,” con una inversión de 48 millones 891 mil 574 pesos.
Por otra parte, señaló a la Constructora Córdova Construcciones y Mantenimiento SA de CV, cuyo representante legal es Edith Hernandez, a la que le han entregado en esta administración 93 millones, y en otras dependencias tiene 11 contratos por 266 millones de pesos.
Por su parte, el Titular de la SIOP, admitió que hay empresas como GRUPO ESPECIALIZADO RUTA BOCA, S.A. DE C.V. que tiene varios representantes legales, y que sus contratos fueron entregados mediante licitación pública nacional; dijo desconocer la lista de contratistas beneficiarios de programas sociales y se comprometió a hacer una investigación; asimismo, se escudó en que los domicilios fiscales de las empresas son competencia de SAT, y que el filtro que se usa en la Secretaría es el propio Padrón de Contratistas de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
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