• Su representante legal, es beneficiaria de un programa emergente de vivienda, y también recibe contratos con recursos del pueblo, señala.

• Un año después se repite un caso como el de la maestra Araly Rodríguez, cuya investigación prometida por el Gobernador sigue pendiente, advierte.

• En su comparecencia ante la LXVI Legislatura en Veracruz, el titular de Seguridad Pública no responde cuántos elementos están asignados en ayudantía a funcionarios y secretarios.

Redacción Informante

En la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Veracruz, han otorgado en lo que va de la administración, contratos por 780 millones de pesos para el suministro de productos alimenticios y utensilios para el servicio de alimentación de cadetes, personal operativo, y personas privadas de su libertad, a una empresa que hace tres años se dedicaba al ramo de la construcción, situación que fue expuesta y cuestionada por Marlon Ramírez Marín, diputado local priista, a Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, titular de la dependencia.

Durante la comparecencia del Secretario ante los diputados integrantes de la Comisión Permanente de Seguridad Pública, el Diputado detalló que esta empresa llamada Administradora de Empresas del Golfo SA de CV, de acuerdo a la información obtenida por una solicitud que consta en el Registro Público del Comercio, originalmente se dedicaba a la construcción, y en el 2020 modificó su objeto social, asimismo, de acuerdo al Portal de Transparencia, su representante legal Guadalupe Reyes Montero, recibe un programa emergente de vivienda que le entregaron en el 2022.

“Como integrante de esta LXVI Legislatura tengo una responsabilidad y me niego a creer que en 7 mil proveedores de acuerdo a la última actualización que tengo del padrón de la Secretaría de Finanzas y Planeación, hayan tenido que contratar a lo que era una constructora para darle el servicio de alimentación, después de que modificó su objeto social y que además su representante legal sea beneficiario de un programa social”, señaló.

Al puntualizar que este Gobierno estatal ha pagado en este rubro en lo que va de la administración 3,429 millones de pesos, Marlon Ramírez Marín acusó que igual que el año anterior, con el caso de la maestra Araly Rodríguez, en el que propio Gobernador ofreció hacer una investigación y sigue pendiente, “hoy volvemos a caer en una circunstancia parecida, ahora no es un maestro, pero sí una persona que recibe contratos por muchos millones”.

“No alcanzo a entender como en su dependencia una maestra, Araly Rodríguez, que recibía 7 mil pesos de salario mensual en la Secretaría de Educación, le entregaron contratos por uniformes por 60 millones de pesos, y ahora a un beneficiario de un programa de vivienda, es el representante legal de una empresa que originalmente era constructora. ¿Secretario, está usted enterado de lo que está haciendo su dependencia en el gasto?”, le inquirió.

Al responder, el Titular de la SSP admitió que Administradora de Empresas del Golfo SA de CV es una de las empresas proveedoras, justificó una adjudicación directa por motivos de seguridad amparada en la ley, e intentó argumentar que se trataba de un error; y finalmente se comprometió a entregar la información desglosada en un término de 48 horas; sin embargo el Diputado aclaró que no hay error e invitó al Funcionario a contrastar los datos con los que cuenta y que tienen respaldo en documentos oficiales.

Durante la comparecencia, el Legislador también cuestionó al titular de la SSP, respecto a cuántos elementos de la dependencia a su cargo están asignados en funciones de ayudantía a funcionarios y secretarios, pregunta que no respondió el Funcionario estatal.


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