Antes de que sea extraditado a México, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, ya tiene nuevas acusaciones que le esperan en territorio nacional.
A principios de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) dos denuncias contra Duarte Jáquez por lavado de dinero, derivado de un desvío de recursos por 96.6 millones de pesos.
Fuentes federales confirmaron que el par de acusaciones procedieron de información enviada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua a la UIF sobre el desvío realizado durante la gestión del exgobernador en la entidad, el cual afectó al menos a tres dependencias locales.
De acuerdo con las indagatorias, el exfuncionario utilizaba empresas fachada y prestanombres para la desviación de recursos del estado a cuentas bancarias vinculadas a él.
La UIF detectó la existencia de una red de lavado de dinero en una asociación ganadera que importaba animales de Nueva Zelanda, supuestamente para apoyar a este sector en Chihuahua.
Las investigaciones señalan que la asociación también está vinculada con el exmandatario de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda.
La segunda denuncia relata el caso de una unión de crédito financiada a partir de compañías fantasma que extraían recursos del gobierno de Chihuahua para beneficiar a Duarte Jáquez.
Por estos hechos, desde 2019 la UIF mantiene bloqueadas las cuentas del exgobernador y de personas identificadas como prestanombres que actuaban a través de las firmas fachada para cometer los desvíos.
Las cuentas bloqueadas por la UIF suman un acumulado mayor a 5 mil millones de pesos, mientras que la FGR mantiene en curso las dos indagatorias por operaciones con recursos de procedencia ilícita contra el exmandatario estatal.
Derivado de las investigaciones por desvío de recursos, realizadas por la Fiscalía General de Justicia del estado de Chihuahua, se han emitido 15 órdenes de aprehensión en contra de Duarte Jáquez.
Las indagatorias que fueron enviadas a la UIF para rastrear el lavado de dinero de los recursos estatales derivaron en la apertura de 40 carpetas de investigación contra 30 personas, aproximadamente, vinculadas a la red con la que operaba el exmandatario.
Las órdenes de aprehensión del gobierno estatal, por peculado y asociación delictuosa, son el fundamento con el que el gobierno de México solicitó la extradición de Duarte Jáquez, quien fue detenido este miércoles en Miami, Florida.
Si la FGR judicializa las investigaciones por lavado de dinero derivadas de las denuncias de la UIF y obtiene órdenes de aprehensión por dichos hechos, de acuerdo con el tratado de extradición con Estados Unidos, el gobierno de México tendría que someter a consideración de la Unión Americana la posibilidad de añadir esas acusaciones a la orden de extradición.
Si las órdenes se emiten después de que Duarte Jáquez sea extraditado, el gobierno federal tendría que solicitar la autorización a EU para juzgarlo por esos hechos.
El exgobernador también cuenta con una orden de aprehensión federal por peculado electoral derivado del desvío de recursos para financiar campañas del PRI en Chihuahua, cometido durante su gubernatura.
El esquema utilizado para ese fraude, que ascendió a 76 millones de pesos, consistía en descontar entre 5% y 10% del salario de trabajadores estatales para transferirlo a una cuenta concentradora de la Secretaría de Finanzas estatal.
Se emitía un cheque a nombre de la dependencia, que era endosado a una empresa para sacar el dinero en efectivo y entregarlo contrarrecibo a las filas del Revolucionario Institucional en Chihuahua.
