Mesa de Redacción
Enrique Yasser Pompeyo
Este jueves 9 de julio se cumplen ocho meses del asesinato del diputado local y dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Veracruz, Juan Carlos Molina Palacios.
Hasta el momento no se sabe de algún avance en las investigaciones, si es que hay alguna, para dar con los verdaderos autores intelectuales y materiales del crimen.
En cinco meses, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez rendirá su segundo informe y para entonces se cumplirá un año de la promesa que hizo el pasado 16 de noviembre de 2019.
En aquella ocasión, el titular del Ejecutivo estatal prometió: «los que solapaban a los criminales ya se fueron, quien atente contra la vida de una persona o violente la ley, ahora enfrentará invariablemente el castigo que la misma le tiene reservado, insisto, en Veracruz ya se acabó la impunidad; públicamente hago el compromiso de dar con los responsables, de aquellos que se atrevieron a atentar contra la vida del diputado local Juan Carlos Molina, se le hará justicia a la familia».
Los veracruzanos, la sociedad y la familia esperan que así sea.
Por cierto, ¿qué ha hecho la Comisión Especial para el Seguimiento del Homicidio del legislador, aprobada por el Congreso del Estado desde el pasado 28 de noviembre de 2019?
Como se recordará, esta comisión quedó integrada de la siguiente manera: Jorge Moreno Salinas como presidente; Alexis Sánchez García como secretario, y los diputados José Manuel Pozos Castro, Florencia Martínez Rivera, Rodrigo García Escalante y María Josefina Gamboa Torales como vocales.
Así como este caso, están pendientes muchos más no sólo de políticos y dirigentes campesinos, sino también de mujeres y ciudadanos de a pie.
Del segundo informe de gobierno en materia de seguridad poco o nada se espera. Los hechos están a la vista.
En el estado de Veracruz sólo hay asesinatos, ejecuciones y feminicidios. Las cifras alegres son un insulto para los ciudadanos y nadie las cree.
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