Mesa de Redacción
Enrique Yasser Pompeyo
Una auditoría interna de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) del Gobierno federal detectó empresas fantasma que no reunían los requisitos o que funcionaron ilegalmente como centros de capacitación del programa «Jóvenes Construyendo el Futuro”, de acuerdo con una publicación del diario REFORMA.
La auditoría 15/2019 del Órgano Interno de Control de la STyPS, aplicada al primer año del programa del Gobierno federal, revisó 91 expedientes de los jóvenes de entre 18 y 29 años que el año pasado recibieron una beca mensual de 3 mil 600 pesos para capacitarse en empresas privadas, instituciones de Gobierno y con personas físicas.
La información a la que tuvo acceso Grupo REFORMA establece que de los 91 expedientes revisados de manera aleatoria, en 50 se encontraron anomalías, según la auditoría publicada a principios de año en la página de la Secretaría.
En el documento se indica que “en 25 casos, no hay evidencia que acredite el domicilio del centro de trabajo, un domicilio donde se vinculó al becario no coincide con el comprobante del centro de trabajo o no es legible”.
Asimismo, “en 7 casos, el centro de trabajo no acreditó su capacidad operativa para recibir a los becarios toda vez que el número de vacantes para beneficiarios es mayor al número de trabajadores del centro de trabajo, y el espacio es muy reducido en el centro de trabajo».
En 21 expedientes, además, no se presentó identificación del representante legal del centro de trabajo o se presentó de manera deficiente; en un caso, el becario se dio de baja acusando que el centro de trabajo le pidió dinero y la empresa siguió dada de alta, en otro caso más, no se encontró el contacto del capacitador.
Cabe mencionar que el año pasado el programa ejerció un presupuesto de más de 22 mil millones de pesos. La auditoría del Órgano Interno de Control fue realizada entre el 21 de octubre y el 13 de diciembre y también detectó anomalías de parte de los becarios.
«En tres casos no hay registros de las evaluaciones mensuales realizadas por el becario. En cuatro casos, no hay evidencia que acredite el nivel académico mínimo establecido en el plan de capacitación del becario.
«En cuatro casos el becario no presentó documentación que acredite la CURP y aún así fue aceptado en el programa», establece la auditoría.
Aquí surgen varias interrogantes.
¿Cómo se encontrará el estado de Veracruz en ese aspecto?, ¿la nueva secretaria del Trabajo, Diana Aróstegui Carballo tendrá reportes de irregularidades?, ¿si así fuera habrá alguna investigación en curso? ¿se estarán ocultando? ¿habrá contubernio?
Como se informó en este mismo espacio y a manera de ejemplo, en el Ayuntamiento de Xico se detectaron graves irregularidades como casos de algunos funcionarios que les quitaban a los jóvenes sus tarjetas para cobrar el dinero o muchachos que fueron dados de alta sin su consentimiento.
El caso escaló al grado de que la Delegación de Programas para el Desarrollo del Gobierno federal interpuso una denuncia ante el Ministerio Público Federal.
Así como ocurre a nivel nacional y como en Xico, no sería sorpresa que haya casos que hasta el momento se desconocen en el estado de Veracruz.
Tampoco sería nada raro que más adelante se sepa de robos de identidad, empresas fantasma, cobros de cuotas, hackeo en el sistema y corrupción, esa que tanto cacarea López Obrador y que como se observa prevalece en la mal llamada cuarta transformación.
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