“Más o menos en la segunda semana de marzo, una mujer de Oaxaca nos contactó desde la cama del hospital donde estaba internada; era víctima de violencia familiar. En medio de una discusión, su hijo se metió para defenderla, [pero] al final él fue asesinado por el agresor”, explica Esmeralda Lecxiur Ferreira, presidenta de Abogadas con Perspectiva, asociación veracruzana dedicada a la protección legal y empoderamiento de las mujeres.
Con cuatro años de trabajo en el acompañamiento y asesoría jurídica con perspectiva de género, esta organización es uno de los brazos que desde la sociedad civil hacen el trabajo “que le corresponde al Estado”, y que en el contexto de la pandemia por Covid-19 se ha vuelto urgente, pues pese a las medidas de confinamiento, el número de mujeres víctimas de delitos sexuales y relacionados con la violencia familiar se mantiene en niveles históricos.
Sólo entre marzo y abril de este año, dos de los tres meses que estuvo vigente la Jornada Nacional de Sana Distancia se registraron 47 mil 893 llamadas al número de emergencia 911, las cuales estaban relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, lo que representa un aumento de 52% respecto al mismo periododel año pasado.
En “otros números”, estas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que, al menos durante 61 días de confinamiento, cada hora se recibieron 32 llamadas reales alertando que una mujer fue violentada.
“Estos son los casos que nos hemos enterado (…) Imagínate cuántas son las cifras que no hemos descubierto porque las mujeres no pueden salir y pedir ayuda. Quienes formamos parte de la sociedad civil hacemos de todo, acompañamos y dirigimos a quienes las pueden apoyar, pero la pregunta aquí es ¿qué está haciendo el Estado? La respuesta es que, con muy pocas excepciones, no se está respondiendo”, asegura la abogada.
La “otra” urgencia
Los vacíos en la atención a la violencia de género en los hogares por parte de los gobiernos federal y estatales han sido evidenciados por la sociedad civil.
Según un informe de Transparencia Mexicana y el despacho de abogados Tojil, “sólo los gobiernos de Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas han presentado protocolos dirigidos a las víctimas de violencia de género contra las mujeres en el marco del confinamiento por el Covid-19”.
Asimismo, revela el estudio, sólo 10 de 32 estados incluyeron una línea de emergencia para víctimas de violencia de género en sus micrositios para coronavirus.
Eso no es todo, pues según una revisión hecha por Transparencia Mexicana, únicamente la Ciudad de México ha hecho público en su sitio web información estadística sobre llamadas de posibles víctimas de violencia de género.
De acuerdo con el secretariado, el número de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres también ha ido en aumento durante la pandemia. Entre marzo y abril se registraron 665, mientras que en los mismos meses, pero de 2019, hubo 451.
“En casos de confinamiento las mujeres corren mayor peligro. Ocupan los momentos en que están solas para pedir ayuda, ponerse en contacto o hacer una denuncia. Debido al aislamiento, no lo han podido hacer (…) Las agresiones han ido en aumento, las solicitudes de apoyo que hemos recibido como colectivo son muchísimas”, recalca.
Ante este panorama, Lecxiur explica que es de suma importancia que las mujeres reciban asesoría legal y que quienes atiendan sus denuncias estén capacitados para brindarles protección.
Crímenes que no se cuentan
De acuerdo con los datos del SESNSP, entre marzo y abril de este año se cometieron 2 mil 688 presuntos delitos de violación contra mujeres. Es decir, en los dos primeros meses del confinamiento, al menos 44 mujeres fueron violadas por día. Ellas fueron las que vivieron para denunciar.
La madrugada del 25 de mayo, Leonila de la Cruz Pancho, indígena de 30 años y habitante de El Nayar, fue violada y asesinada en su hogar. El caso conmocionó a Nayarit porque cuatro días antes Diana Raygoza, de 21 años, fue ultimada por su primo en Tepic. El feminicidio de ambas se cometió “en casa”.
En este contexto, colectivos en defensa de los derechos de las mujeres hicieron hincapié en la necesidad de visibilizar y condenar los feminicidios de indígenas igual que como con los que ocurren en ciudades.
“Las mujeres indígenas enfrentan una suma de desigualdades que no sólo tienen que ver con la violencia física y sicológica, sino con algo más sistemático”, asegura Elizabeth Olvera, coordinadora de la Red Nacional de Abogadas Indígenas.
