COMUNICADO
Ciudad de México.- Para garantizar que los ciudadanos ejerzan sin ningún tipo de presión su derecho de votar en los procesos de revocación de mandato, tanto del Presidente de la República, como de los Gobernadores de los estados, el senador Julen Rementería del Puerto presentó una iniciativa que establece un catálogo de conductas, cuyas sanciones van desde cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años para cualquier persona, y desde doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, para el caso de que los hechos sean cometidos por servidores públicos.
La iniciativa que reforma la Ley General de Delitos Electorales, propone como hechos que acarrean una sanción: el proselitismo, así como la presión hacia los electores al interior de la casilla, la solicitud de votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa, entre otros. Para el caso de los servidores públicos, se propone sancionar el uso indebido de bienes y servicios que tengan a su disposición para la recolección de firmas; el condicionamiento de la prestación de programas gubernamentales, la coacción, inducción o amenaza con la finalidad de orientar el sentido del voto ciudadano.
Cabe destacar que el pasado 20 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato.
En dicho decreto se definió a la revocación de mandato como: el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza
“Este nuevo modelo normativo que reconfigura la función pública electoral, hace necesario que se desarrollen de modo regular los procesos de revocación de mandato. Por lo que resulta oportuna la modificación de otros ordenamientos aplicables para su correcto desarrollo, como es el caso de la Ley General en Materia de Delitos Electorales”, explicó Julen Rementería.
El senador veracruzano precisó que su iniciativa busca armonizar dicha legislación de aplicación general, para salvaguardar la voluntad popular y la democracia, así mismo explicó que en el caso de que el infractor sea un servidor público las sanciones contemplan agravantes, como lo es el caso del condicionamiento de programas gubernamentales de naturaleza social, en donde se contempla que la pena aumente hasta en un tercio.
La iniciativa del legislador del Grupo Parlamanterio del PAN, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.
