La legisladora Ana Rosa Valdez califica a toda la entidad como un «foco rojo» y exige al Estado brindar protección oportuna, completa y sin costos para los aspirantes
Redacción Informante
XALAPA, VER. — De cara al inicio formal del próximo proceso electoral local, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitió una enérgica advertencia sobre las condiciones de vulnerabilidad en las que competirán sus aspirantes a las diputaciones locales. A través de la diputada Ana Rosa Valdez, la fuerza política denunció que la violencia y el crimen organizado representan un riesgo directo para la integridad de los candidatos, por lo que exigió al gobierno estatal garantizar esquemas de seguridad efectivos que impidan la coacción del voto y protejan la vida de los participantes.
La parlamentaria tricolor fue enfática al señalar que la problemática no se limita a un sector geográfico específico, sino que abarca la totalidad del territorio veracruzano, configurando un escenario de alerta generalizada. De acuerdo con el análisis partidista, los antecedentes inmediatos demuestran que el ejercicio democrático en la entidad se ha visto sistemáticamente empañado por la intervención de factores delictivos que inhiben la participación ciudadana y de los propios actores políticos.
Todo el estado bajo alerta por violencia política
Al evaluar las condiciones del entorno actual, Valdez rechazó la idea de que existan zonas seguras dentro de la geografía estatal. Para la bancada del PRI, las experiencias de los comicios pasados sirven como un alarmante recordatorio de los alcances que tiene la delincuencia en las distintas regiones de Veracruz.
«El foco rojo es todo Veracruz. El foco rojo ha sido desde la elección pasada el hecho de la inseguridad para nuestros candidatos», sentenció de manera categórica la legisladora.
Para sustentar la gravedad de sus declaraciones, la diputada detalló una serie de incidentes graves que ocurrieron en los procesos electorales previos y que configuran el mapa de riesgos actual:
- Atentados directos: Agresiones físicas y ataques armados perpetrados en contra de presidentes municipales en funciones.
- Amenazas sistemáticas: Intimidaciones dirigidas hacia candidatas y candidatos durante el periodo de campañas.
- Deserción de aspirantes: Casos documentados de perfiles idóneos que ya contaban con el respaldo para abanderar una candidatura, pero que optaron por declinar su participación debido al temor fundado de sufrir represalias o ataques contra su integridad y la de sus familias.
Aunque la diputada solicitó a las fuerzas del orden poner una atención especial en la zona sur de la entidad, reiteró que la violencia política es un fenómeno generalizado. Recordó que durante la jornada electoral anterior se suscitaron hechos delictivos de índole política tanto en la zona norte como en las regiones centro y sur del estado, afectando no solo a los militantes del PRI, sino a contendientes de diversas filiaciones partidistas.
Condiciones inaceptables en la custodia de candidatos
Uno de los puntos más críticos señalados por la diputada tiene que ver con los protocolos de asignación de custodias que ha implementado la administración pública. Ante la inminencia de las campañas, el PRI demandó una mayor responsabilidad institucional para asegurar que el despliegue de seguridad pública sea otorgado de forma oportuna, preventiva y al 100% de sus capacidades.
Al respecto, Valdez destapó irregularidades operativas cometidas en el pasado por las dependencias encargadas de la seguridad en Veracruz, donde se pretendió condicionar u omitir la protección basándose en criterios financieros:
- Trabas burocráticas: Demoras en la aprobación y asignación de personal policial a los perfiles que manifestaban amenazas activas.
- Privatización del servicio público: Casos donde las autoridades aceptaban brindar resguardo bajo la condición de que el propio candidato cubriera la totalidad de los viáticos, traslados y gastos operativos del personal asignado.
La legisladora argumentó que el Estado no puede desentenderse de su obligación constitucional de salvaguardar el orden, y calificó como inaceptable que se pretenda cobrar por un derecho fundamental en un contexto de alta peligrosidad.
El silencio por temor a las represalias del crimen
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que el crimen organizado esté ejerciendo presiones y amenazas directas contra alcaldes priistas en funciones para imponer a personas afines en áreas administrativas clave (como tesorerías o direcciones de seguridad), la diputada precisó que no cuenta con información o conocimiento personal de un caso vigente en los ayuntamientos de su partido.
No obstante, reconoció abiertamente que la falta de expedientes o de denuncias formales no implica la inexistencia del delito. Explicó que el fenómeno del silencio responde enteramente al panorama de intimidación que viven los funcionarios locales.
«Hasta este momento yo en lo personal no tengo conocimiento de algo así. Ustedes saben que eso es delicado y no todos se atreven a comentarlo; puede estar sucediendo y no todos se atreven porque hay amenazas», admitió.
Exigencia de neutralidad a las autoridades electorales
Además de las demandas en materia de seguridad, el PRI extendió un enérgico llamado de neutralidad hacia las instituciones encargadas de arbitrar la contienda. La legisladora exhortó tanto al Instituto Nacional Electoral (INE) como al Organismo Público Local Electoral (OPLE) a mantenerse al margen de las simpatías gubernamentales y a vigilar el proceso con estricto apego a la ley.
Valdez insistió en que los organismos administrativos deben vigilar que no existan ventajas indebidas ni desvíos de recursos públicos que pretendan orientar el resultado en las urnas. «Creo que debe de prevalecer la democracia. El INE y el OPLE no deben tener los dados cargados para ningún partido; deben ser totalmente imparciales», manifestó.
Inicio formal del calendario electoral
La presión política ejercida por la oposición coincide con el anuncio de las fechas oficiales para el arranque de los preparativos comiciales. La presidenta del Consejo General del OPLE, Marisol Delgadillo Morales, confirmó de manera oficial la fecha en que iniciará de manera formal el andamiaje técnico para la renovación del Poder Legislativo del estado.
- Fecha de instalación: El Consejo General del OPLE se instalará formalmente el 6 de noviembre.
- Propósito del proceso: Coordinar, vigilar y ejecutar las etapas de la elección local orientada a renovar la totalidad de las diputaciones locales en el estado de Veracruz.
Con el establecimiento de este plazo, las distintas fuerzas políticas han comenzado a acelerar sus procesos internos bajo un clima tenso, donde la principal demanda al Gobierno del Estado sigue siendo el restablecimiento de la paz pública para evitar que las urnas se vean ensombrecidas por la coacción de la violencia.
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