Aprueba Congreso Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública

[8:28 p. m., 25/2/2021] Memo Nuñez: El Congreso del Estado aprobó, con 32 votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones, la creación de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que tiene por objeto regular la coordinación entre el estado y los municipios y de ambos con la federación, mediante la integración, la organización y el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Así también, establece el marco jurídico aplicable al Servicio Profesional de Carrera en las Instituciones de Seguridad Pública, conforme a la distribución de competencias señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El dictamen con proyecto de ley, emitido por la Comisión Permanente de Seguridad Pública y votado por el Pleno en Sesión Extraordinaria del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, deriva de la Iniciativa de Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el 27 de enero del presente año.

En el proyecto se expone que la reforma al marco jurídico constitucional federal del 29 de enero de 2016 incluye la prevención de los delitos, la investigación y persecución de los mismos, para hacer efectiva la seguridad pública; así también, comprende la sanción de las infracciones administrativas, en términos de la ley, conforme las competencias que la Constitución señala y que la actuación de las Instituciones de Seguridad Pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la propia Constitución de la República.

El dictamen advierte que dichas adecuaciones son tan extensas que, a juicio del proponente, resulta conveniente la creación de una nueva ley que considere todos los aspectos señalados por las nuevas necesidades dadas con las reformas y leyes.

A la consolidación de la estructura del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con nuevas atribuciones y facultades de los órganos que lo componen, se agregan de manera explícita la responsabilidad y obligaciones de las autoridades municipales y se observa la adición de la participación de los Comités de Participación Ciudadana, homologándolos al Sistema de Seguridad Pública.

Además, se asegura la correcta, profesional, satisfactoria y segura integración, administración, gestión y resguardo de las diversas bases de datos del Sistema Estatal de Información en Seguridad Pública, armonizando la legislación estatal con las disposiciones de la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Se asegura también la transparencia durante el debido proceso y la existencia de procesos abreviados.

Con esta nueva ley, quedan abrogados la Ley Número 310 y el Título Décimo, el Capítulo II del Título Tercero y los artículos 21 y 21 Bis de la Ley Número 553, ambas del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asimismo, se contempla que los servicios de carrera vigentes en las Instituciones de Seguridad Pública a la fecha de entrada en vigor del ordenamiento, deberán ajustarse a los requisitos, criterios y procedimientos que establecen la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y esta Ley, en un plazo no mayor a un año.

A su vez, el personal adscrito a las unidades, áreas u órganos de la Secretaría que cambien de denominación serán readscritos a las nuevas estructuras administrativas que absorban las funciones específicas que desempeñaban, y les serán respet…
[8:35 p. m., 25/2/2021] Memo Nuñez: Aprueban Ley de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia

• Este nuevo ordenamiento prevé acciones orientadas a combatir y reducir los factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia en perjuicio de la sociedad.

La LXV Legislatura del Estado aprobó la creación de la Ley de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, resultado de la iniciativa presentada a este Poder Legislativo, el pasado 28 de enero, por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Esta nueva Ley, aprobada con 40 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, destaca que la prevención social de la violencia y la delincuencia se entenderá como el conjunto de políticas públicas, programas, estrategias y acciones orientadas a combatir y reducir los factores de riesgo que favorezcan la generación de la violencia y la delincuencia en perjuicio de la sociedad veracruzana.

De acuerdo con la norma aprobada, la prevención social de la violencia y la delincuencia se llevará a cabo mediante la implementación de programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte, desarrollo urbano y seguridad pública.

También, con la promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión, el fomento de la solución pacífica de conflictos, a través de los medios alternativos que determine la normatividad respectiva y con estrategias de educación y sensibilización de la población para promover la cultura de legalidad y la paz respetando las diversas identidades culturales, incluye programas generales y aquellos enfocados a grupos sociales y comunidades en altas condiciones de vulnerabilidad.

Aunado lo anterior a programas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y generen oportunidades de desarrollo, especialmente para los grupos en situación de riesgo, vulnerabilidad o afectación.

En el artículo 10 queda asentado que el acceso a la justicia y la atención a víctimas de violencia y delincuencia debe considerar la asistencia, protección, reparación del daño y prevención de la revictimización, a través de la atención inmediata y efectiva a víctimas de delitos, en términos del impacto emocional y el proceso legal, velando por sus derechos y su seguridad en forma prioritaria.

Asimismo, con atención psicológica especializada, inmediata y subsecuente realizada por profesionales, considerando diferentes modalidades terapéuticas, brindando respuesta a las peticiones o solicitudes de intervención presentadas por las víctimas de la violencia y la delincuencia, a través de los mecanismos creados para ese fin y la reparación integral del daño que incluye el reconocimiento público, la reparación del daño moral y material, así como las garantías de no repetición.

Se contempla que el Consejo Estatal de Seguridad Pública sea la máxima instancia para la coordinación y definición de la política de prevención social de la violencia y la delincuencia, con participación ciudadana. Este Consejo contará con la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública para coordinar e implementar la política de prevención social de la violencia y la delincuencia, misma que se apoyará en el Centro Estatal, en los términos que señalan las leyes y demás normativa aplicable.

Para llevar a cabo los objetivos y fines del Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el Consejo Estatal contará con el apoyo de instancias auxiliares en las que participen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal que cuenten con atribuciones o ejecuten acciones o programas relacionados con la materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, y con la intervención de organizaciones de la sociedad civil.

La participación ciudadana se hace efectiva a través de la actuación de las personas en las comunidades, en las redes vecinales, las organizaciones para la prevención social de la violencia y la delincuencia, en los Comités de Participación Ciudadana, en los comités escolares, en el Centro Estatal o a través de cualquier otro mecanismo local o legal, creado en virtud de sus necesidades.

Los Comités de Participación Ciudadana son los órganos establecidos con el objeto de coadyuvar en la función pública, conformados por integrantes de la sociedad civil, con la finalidad de colaborar en los procesos de planeación, evaluación y supervisión de las políticas de prevención social de la violencia y de la delincuencia.

Los programas municipales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana, que deban incluirse en los Planes Municipales de Desarrollo, se cubrirán con cargo a sus respectivos presupuestos y se sujetarán a las bases que establecen esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado José Manuel Pozos Castro señaló que esta Ley se armoniza con la disposición general, además que privilegia la participación ciudadana en la prevención de delito, estableciendo reglas que propician el buen desarrollo del entorno social y fortaleciendo la convivencia y la cohesión, para disminuir, principalmente, los factores de riesgo que generen violencia e incidencia delictiva.

[8:28 p. m., 25/2/2021] Memo Nuñez: El Congreso del Estado aprobó, con 32 votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones, la creación de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que tiene por objeto regular la coordinación entre el estado y los municipios y de ambos con la federación, mediante la integración, la organización y el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Así también, establece el marco jurídico aplicable al Servicio Profesional de Carrera en las Instituciones de Seguridad Pública, conforme a la distribución de competencias señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El dictamen con proyecto de ley, emitido por la Comisión Permanente de Seguridad Pública y votado por el Pleno en Sesión Extraordinaria del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, deriva de la Iniciativa de Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el 27 de enero del presente año.

En el proyecto se expone que la reforma al marco jurídico constitucional federal del 29 de enero de 2016 incluye la prevención de los delitos, la investigación y persecución de los mismos, para hacer efectiva la seguridad pública; así también, comprende la sanción de las infracciones administrativas, en términos de la ley, conforme las competencias que la Constitución señala y que la actuación de las Instituciones de Seguridad Pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la propia Constitución de la República.

El dictamen advierte que dichas adecuaciones son tan extensas que, a juicio del proponente, resulta conveniente la creación de una nueva ley que considere todos los aspectos señalados por las nuevas necesidades dadas con las reformas y leyes.

A la consolidación de la estructura del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con nuevas atribuciones y facultades de los órganos que lo componen, se agregan de manera explícita la responsabilidad y obligaciones de las autoridades municipales y se observa la adición de la participación de los Comités de Participación Ciudadana, homologándolos al Sistema de Seguridad Pública.

Además, se asegura la correcta, profesional, satisfactoria y segura integración, administración, gestión y resguardo de las diversas bases de datos del Sistema Estatal de Información en Seguridad Pública, armonizando la legislación estatal con las disposiciones de la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Se asegura también la transparencia durante el debido proceso y la existencia de procesos abreviados.

Con esta nueva ley, quedan abrogados la Ley Número 310 y el Título Décimo, el Capítulo II del Título Tercero y los artículos 21 y 21 Bis de la Ley Número 553, ambas del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asimismo, se contempla que los servicios de carrera vigentes en las Instituciones de Seguridad Pública a la fecha de entrada en vigor del ordenamiento, deberán ajustarse a los requisitos, criterios y procedimientos que establecen la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y esta Ley, en un plazo no mayor a un año.

A su vez, el personal adscrito a las unidades, áreas u órganos de la Secretaría que cambien de denominación serán readscritos a las nuevas estructuras administrativas que absorban las funciones específicas que desempeñaban, y les serán respet…
[8:35 p. m., 25/2/2021] Memo Nuñez: Aprueban Ley de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia

• Este nuevo ordenamiento prevé acciones orientadas a combatir y reducir los factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia en perjuicio de la sociedad.

La LXV Legislatura del Estado aprobó la creación de la Ley de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, resultado de la iniciativa presentada a este Poder Legislativo, el pasado 28 de enero, por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Esta nueva Ley, aprobada con 40 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, destaca que la prevención social de la violencia y la delincuencia se entenderá como el conjunto de políticas públicas, programas, estrategias y acciones orientadas a combatir y reducir los factores de riesgo que favorezcan la generación de la violencia y la delincuencia en perjuicio de la sociedad veracruzana.

De acuerdo con la norma aprobada, la prevención social de la violencia y la delincuencia se llevará a cabo mediante la implementación de programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte, desarrollo urbano y seguridad pública.

También, con la promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión, el fomento de la solución pacífica de conflictos, a través de los medios alternativos que determine la normatividad respectiva y con estrategias de educación y sensibilización de la población para promover la cultura de legalidad y la paz respetando las diversas identidades culturales, incluye programas generales y aquellos enfocados a grupos sociales y comunidades en altas condiciones de vulnerabilidad.

Aunado lo anterior a programas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y generen oportunidades de desarrollo, especialmente para los grupos en situación de riesgo, vulnerabilidad o afectación.

En el artículo 10 queda asentado que el acceso a la justicia y la atención a víctimas de violencia y delincuencia debe considerar la asistencia, protección, reparación del daño y prevención de la revictimización, a través de la atención inmediata y efectiva a víctimas de delitos, en términos del impacto emocional y el proceso legal, velando por sus derechos y su seguridad en forma prioritaria.

Asimismo, con atención psicológica especializada, inmediata y subsecuente realizada por profesionales, considerando diferentes modalidades terapéuticas, brindando respuesta a las peticiones o solicitudes de intervención presentadas por las víctimas de la violencia y la delincuencia, a través de los mecanismos creados para ese fin y la reparación integral del daño que incluye el reconocimiento público, la reparación del daño moral y material, así como las garantías de no repetición.

Se contempla que el Consejo Estatal de Seguridad Pública sea la máxima instancia para la coordinación y definición de la política de prevención social de la violencia y la delincuencia, con participación ciudadana. Este Consejo contará con la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública para coordinar e implementar la política de prevención social de la violencia y la delincuencia, misma que se apoyará en el Centro Estatal, en los términos que señalan las leyes y demás normativa aplicable.

Para llevar a cabo los objetivos y fines del Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el Consejo Estatal contará con el apoyo de instancias auxiliares en las que participen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal que cuenten con atribuciones o ejecuten acciones o programas relacionados con la materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, y con la intervención de organizaciones de la sociedad civil.

La participación ciudadana se hace efectiva a través de la actuación de las personas en las comunidades, en las redes vecinales, las organizaciones para la prevención social de la violencia y la delincuencia, en los Comités de Participación Ciudadana, en los comités escolares, en el Centro Estatal o a través de cualquier otro mecanismo local o legal, creado en virtud de sus necesidades.

Los Comités de Participación Ciudadana son los órganos establecidos con el objeto de coadyuvar en la función pública, conformados por integrantes de la sociedad civil, con la finalidad de colaborar en los procesos de planeación, evaluación y supervisión de las políticas de prevención social de la violencia y de la delincuencia.

Los programas municipales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana, que deban incluirse en los Planes Municipales de Desarrollo, se cubrirán con cargo a sus respectivos presupuestos y se sujetarán a las bases que establecen esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado José Manuel Pozos Castro señaló que esta Ley se armoniza con la disposición general, además que privilegia la participación ciudadana en la prevención de delito, estableciendo reglas que propician el buen desarrollo del entorno social y fortaleciendo la convivencia y la cohesión, para disminuir, principalmente, los factores de riesgo que generen violencia e incidencia delictiva.

Tras su aprobación por el Pleno, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó remitir el decreto al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

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