A unos días de que el caso de George Floyd muriera después de una detención violenta en Minneapolis, Estados Unidos, México vivió un caso similar. Giovanni López, un hombre de 30 años de edad, fue aprehendido por la policía por no usar cubrebocas en Jalisco y fue entregado muerto a sus familiares. 

La última vez que su familia lo vio con vida fue el cinco de mayo, cuando los elementos de Ixtahuacán llevaban a cabo un redada para detener a todas las personas que transitaban por la calle sin usar tapabocas. 

Como él no llevaba este insumo médico, los agentes lo interceptaron, aunque él trató de huir. En este momento, los uniformados comenzaron a golpearlo y a ahorcarlo, por lo que sus conocidos comenzaron a grabar lo ocurrido con un teléfono celular. 

Autoridades pidieron tranquilidad

La tía del fallecido consiguió el número del presidente municipal Eduardo Cervantes Aguilar y éste le dijo que se tranquilizara, pues seguramente Giovanni seguramente pronto estaría de vuelta en casa. 

Sin embargo, cuando los cercanos al hombre llegaron al Ministerio Público, les dijeron que no se encontraba ahí, debido a que fue trasladado a Hospital Civil, debido a que a los uniformados “se les había pasado la mano”. 

Tampoco encontraron al agredido ahí, por lo que les pidieron que fueran al Servicio Médico Forense, ya que había muerto. En ese lugar, no los dejaron abrir la bolsa del cadáver y los obligaron a firmar un oficio con el cual se reconocía al cuerpo. 

Cuando salieron, revisaron los restos de Giovanni y se percataron de que tenía una balazo en la pierna y tenía diversas lesiones en el cuerpo. La acta de defunción únicamente dice que la causa de su muerte fue un traumastimo craneoencefálico.

Se desentendió del caso

El presidente municipal dijo que lo único que sabía sobre el caso es que Giovanni había tenido problemas con elementos de la Guardia Nacional y que éste los había retado a enfrentarse con él a golpes. El alcalde Eduardo Cervantes Aguilar dijo que no sabía sobre el caso; después anunció que se estaba investigando.

El edil aseguró que no llevó a cabo ningún intento de entorpecer el caso y que no se ha comunicado con la familia. 

“He tratado de no entorpecer el tema, no he preguntado yo mucho, todo lo que han pedido de documentos yo les dije que les dieran todas las facilidades de todo y si si hay alguna responsabilidad en contra de algún elemento, que se ejerza la ley, ese es mi posicionamiento”, dijo Eduardo Cervantes Aguilar.

Detención ilegal

En conferencia de prensa Gerardo Octavio Solís Gómez, titular de la Fiscalía del estado dijo que se había llevado a cabo una investigación que no se hizo pública durante un mes sobre el caso.

De acuerdo con el Solís, los policías no generaron ningún documento que indicara que la detención se llevó a cabo por el incumplimiento de las medidas sanitarias derivadas de la contingencia.

“Tal y como se desprende de dos informes de la propia policía, no se desprende que el uso del tapabocas haya sido el acto de molestia por el cual se haya abordado a este joven”, apuntó Gerardo Octavio Solís Gómez.

El funcionario destacó que los policías municipales están sometidos a una pesquisa, debido a que hay otras dos carpetas de investigación que los señalas como responsables de agresiones a la sociedad durante la cuarentena. 

“Si no los han separado del cargo sus razones tendrán, pero el Ministerio Público tomará una decisión que traerá consecuencias hacía un lado u otro. Hasta donde entendemos, los policías están en activo”, resaltó Solís Gómez.

¿En qué va el caso?

De acuerdo con el fiscal, se investiga también un presunto intento de soborno llevado a cabo por Eduardo Cervantes Aguilar, a quien se señaló por ofrecer 200 mil pesos a los familiares de Giovanni a fin de que no dieran a conocer el video de la detención.

En caso de que se determinara que esta información es cierta, el edil podría ser juzgado por el delito de obstrucción de la justicia. 

El coordinado del gabinete de Seguridad de Jalisco, Macedonio Támez, dio a conocer que ningún policía puede llevar a cabo ninguna detención sin levantar la documentación necesaria y registrarla en los archivos de la dependencia. 

Hasta el momento, las autoridades ha prometido que las investigaciones sobre el caso finalizarán pronto y se entregarán los datos que determinen si los oficiales locales son los responsables de haber asesinado al albañil de 30 años de edad. 

El caso ha indignado a los usuarios en redes sociales, incluso hubo quien comparó los hechos con la muerte de George Floyd. Varios han pedido que el caso se haga viral y los policías sean juzgado por homicidio. 

En internet además inició una recaudación de firmas en Change.org, en la cual se pide que el presidente municipal sea juzgado por el presunto soborno.

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